Los carros robados en Panamá

Al leer la reciente noticia de que han aparecido en Venezuela muchos autos robados en Chile, recordé la historia de un robo de vehículos desaparecidos en Panamá, y que conté en uno de mis escritos en el diario El Universal de Venezuela, cuando ese histórico medio de comunicación no se había convertido en un alabardero del régimen chavista.

Todo comenzó el 3 de julio de 2012, estando como embajador de Panamá ante la OEA, cuando me enteré de este caso. Casi tengo un accidente leyendo mi columna favorita de entonces en El Universal. Poco faltó para que me cayera de la silla. Como todos los días, muy temprano en la mañana leía los diarios de Panamá, así como El Universal de Caracas, la página web de Globovisión, también entregada ahora en cuerpo y alma al régimen de Nicolás Maduro, y lo que resumía el diario digital La Patilla del amigo Alberto Federico Ravell, el cual se ha mantenido independiente en contra del gobierno usurpador de Venezuela. El interés se multiplicaba los martes y jueves, cuando aparecía la documentada columna Runrunes, de Nelson Bocaranda Sardi, a quien conocí en uno de mis constantes viajes a Caracas y que, hoy, al igual que muchos periodistas venezolanos, perseguidos por la tiranía, vive en el exilio.

Se trataba de vehículos supuestamente diplomáticos que se quemaron durante los incidentes ocurridos en la Embajada de Cuba en la capital venezolana, localizada en Chuao, Caracas, en 2002, con motivo de las protestas populares ocasionadas tras la renuncia al poder del presidente Chávez y su posterior regreso a Miraflores.

Algunos protestantes contra Cuba quemaron los autos de la sede diplomática cubana allí estacionados. El embajador cubano, debidamente autorizado por La Habana, posteriormente solicitó —vía un proceso judicial ordinario, que ya llevaba casi 10 años— que el costo de tales vehículos les fuera resarcido por el Estado venezolano. De acuerdo con toda lógica, y de acuerdo con los convenios internacionales sobre la materia, sostuvieron que era responsabilidad del Estado anfitrión proteger la integridad física y la propiedad de quienes están acreditados como diplomáticos, más aún cuando se trata de la misma sede o residencia de los representantes de ese país. Hasta allí todo iba bien y, supuestamente, a los cubanos les asistía el derecho de recobrar el costo de los autos incendiados.

¿Qué ocurrió? Los seis vehículos estacionados frente a la sede de Cuba y que al momento del incendio causado por los anticubanos, de placa que los identificara, eran vehículos robados y no tenían forma de demostrar que los habían adquirido en buena lid.

¿Dónde habían sido robados?

Nada menos que en Panamá. El amigo Bocaranda —que tampoco lo podía saber todo— no explicó cómo esos vehículos llegaron donde los cubanos, ni mucho menos quién se los llevó. La Mitsubishi en Japón —a solicitud del diligente juez de la causa interpuesta por Cuba para recobrar el valor de los autos— confirmó que habían sido exportados a Panamá, no a Venezuela. Algo parecido podría resultar en los robados en Chile, usándolos algunos cocotudos del régimen chavista o algún diplomático que adquiere objetos robados.

Sin esperar a la continuación de las investigaciones que sobre el caso hiciera Runrunes, hay muchas preguntas que quedaron por responder: ¿Cómo es posible que los cubanos no supieran que esos carros no tuvieran procedencia legítima? ¿Quiénes se los llevo para que fueran usados por el personal de la misión diplomática?

Conocedor de lo relacionado con las reclamaciones de seguros, cuando al hacerse un reclamo se debe demostrar la legítima propiedad —no solo su posesión— de lo que se reclama objeto del siniestro, ¿cómo pudieron los cubanos sustentar que lo quemado era de su propiedad? ¿Les habrán expedido un certificado falso de propiedad? ¿Ha habido dolo de algún funcionario venezolano?

El caso es en extremo interesante porque supimos que es Venezuela uno de los sitios donde terminaban los vehículos robados en Panamá. Lo que nadie se hubiera podido imaginar es que terminaran en manos de una embajada comunista. Sugerí que la diligente justicia venezolana ordenase de inmediato una revisión de los títulos de propiedad de los vehículos que tiene cada misión diplomática en Venezuela.

El caso al que me refiero hoy solo revela una cosa: la clase de desorden y violaciones a la ley que se dan en un país sin libertades y con leyes de letra muerta como Venezuela. Debo suponer que los carros robados tanto en Panamá como en Chile eran un negocio en el que bien pudiesen estar de socios el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y vaya usted a saber quiénes más en cada uno de los países donde han extendido sus ramificaciones.