Asumamos nuestra responsabilidad

El Gobierno actual es responsable de la grave crisis que estamos viviendo, por la forma en que han manejado cada problema social desde que asumieron el poder. Esta afirmación es una de las pocas en las cuales parece haber un consenso nacional. Es justo y lógico pedirle al Gobierno que asuma esa responsabilidad y actúe con liderazgo; sin embargo, esta no sería una expectativa realista, luego de la incapacidad que han demostrado.

Por otro lado, decir que el Gobierno actual es responsable, no implica que sea el único responsable. De hecho, asignar la totalidad de la responsabilidad al Gobierno actual es una muestra de inmadurez y cobardía, de parte de todos los que estamos inconformes con la situación. La crisis que vivimos hoy no nació hace dos semanas, ni hace un mes; ni siquiera hace un año. Esta crisis lleva décadas gestándose. Para muchos puede parecer inútil revisar este pensamiento. “No importa cómo llegamos aquí, lo importante es ver qué hacemos ahora”, dicen. Yo discrepo de esta posición, porque el primer paso para corregir cualquier entuerto siempre debe ser entender sus causas y asumir nuestra responsabilidad.

Empecemos con el tema de fondo: la operación minera en Donoso. Está claro que todos los gobernantes de nuestra era democrática han permitido el desarrollo de la mina. Lo mismo podemos decir de todos los políticos activos durante este largo tiempo, quienes no hicieron protestas ni alzaron su voz en el momento oportuno. Así mismo comparten responsabilidad los tres órganos del Estado; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, la cual tomó 20 años en fallar contra la primera demanda de inconstitucionalidad. “Justicia tardía no es justicia”, reza un conocido refrán.

Ese desarrollo de la mina en Donoso lleva diez años de inversión activa por parte de empresas extranjeras, y este no se ha dado en secreto. Al contrario, ha sido promovido en distintos medios por las partes interesadas como algo positivo para el país. Eso significa que todos los ciudadanos mayores de 30 años, quienes llevamos más de una década con plenos derechos políticos, estamos anuentes a esa inversión desde hace una década, sin organizar protestas ni alzar nuestra voz para manifestar inconformidad alguna.

Nuestros legisladores han sido objeto de fuertes críticas por su comportamiento en la aprobación apurada del contrato minero; pero las críticas coinciden en que este caso fue “la gota que derramó el vaso”, después de cuatro años demostrando corrupción e incapacidad. La mayoría de estos legisladores llevan más de un periodo en la Asamblea, siempre reelegidos por los mismos votantes que hoy se rasgan vestiduras “defendiendo la patria”.

La aprobación expedita del contrato minero por parte de la Asamblea, hace un mes, fue la chispa que causó la explosión social que luego vivimos. Y en el momento en que surgieron las llamas, de inmediato se sumaron líderes sindicales, candidatos políticos, exfuncionarios de pasados gobiernos y opinadores profesionales en general a tirar más leña a ese fuego del descontento y hartazgo general. ¿A dónde estaban todos esos líderes durante los últimos 20 años?

La juventud de nuestro país se ha comportado con valentía y ha demostrado iniciativa y conciencia ciudadana. También ha demostrado inmadurez en sus exigencias y expectativas. Todo esto es comprensible y hasta positivo. Los que hemos fallado hemos sido los adultos, los mayores de 40 años, quienes hemos debido guiar esa explosión social con madurez y dar explicaciones, asumiendo nuestra responsabilidad por haber sido cómplices, activos o pasivos, de todo lo que ha sucedido en el país en los últimos 30 años. En lugar de eso, todos estos adultos que lideran protestas irracionales se han comportado como chiquillos, proyectando una supuesta sorpresa total ante el tema minero. Según estos líderes, este año se acaban de enterar de que existe una mina operando en Panamá.

Este mensaje es para los panameños con buenas intenciones que están siendo parte de estas protestas, aquellos que tienen un interés genuino por mejorar el país: no se dejen engañar por estos pescadores de río revuelto que fueron los primeros en sumarse a esta ola de indignación, robando protagonismo. Las consecuencias de acciones acumuladas durante más de 30 años no se pueden cambiar ni corregir en un mes. Si después de 30 años permitiendo la minería en Panamá, ahora súbitamente decidimos como sociedad que ya no queremos minería, el primer paso para manejar esta transición es asumir nuestra responsabilidad y aceptar que durante tres décadas todos los panameños hemos aceptado, activa o pasivamente, que somos un país minero.