Cabildeo nefasto en temas de salud pública

La posición de diputado exige una vocación de servicio a los demás y no debe ser utilizada como un instrumento para defender de intereses personales y egoístas. Por eso, una diputación no puede ser una mercancía que se ofrece al mejor postor. El cargo exige responsabilidad y una identificación con los electores, pero sobre todo el deseo de lograr el bienestar para toda la población.

Desafortunadamente, la política panameña carga desde hace décadas con una sombra persistente: la sospecha, a veces rumor, a veces escándalo probado, de que fuerzas externas “engrasan” la maquinaria legislativa para que la aguja de algunos diputados se incline hacia el lado que más conviene a determinados intereses.

No es una percepción nueva ni una acusación aislada. Es un fantasma que aparece cada vez que la Asamblea Nacional discute contratos, reformas sensibles o normas que tocan sectores económicos poderosos. En el imaginario colectivo, el péndulo no siempre se mueve por convicción ideológica o por el bien público, sino por incentivos que se negocian fuera del hemiciclo.

Los antecedentes son parte de la memoria política del país. En el gobierno de Guillermo Endara, circularon fuertes rumores sobre supuestos beneficios vinculados a Refinería Panamá, en un contexto en el que se buscaba obtener un contrato-ley. Años después, durante la administración de Mireya Moscoso, el tema dejó de ser rumor y se convirtió en uno de los escándalos más sonados de la vida institucional panameña: el caso Cemis, recordado por las denuncias de coimas relacionadas con decisiones legislativas. Desde entonces, el patrón se ha repetido con otros nombres y otras coyunturas: acusaciones de “cambio de toldas” motivadas por beneficios económicos, respaldos que se reacomodan en cuestión de horas, o alianzas que nacen y mueren con sospechosa facilidad cuando se aproximan votaciones cruciales.

Pero hay un componente adicional que, en ocasiones, pesa incluso más que la línea partidaria: la afinidad comercial o profesional de los propios diputados. En la Asamblea, no siempre manda el partido. Muchas veces mandan los gremios, los negocios y los intereses que los legisladores comparten por su actividad económica.

Un ejemplo citado con frecuencia es el tratamiento legislativo del hurto pecuario. En Panamá, las normas contra el robo de ganado han sido históricamente más severas y prioritarias que las dirigidas a otros delitos que también afectan gravemente a la población. ¿La razón? Para muchos observadores, no es casualidad: en distintas legislaturas, diputados de todas las bancadas han sido ganaderos o han tenido vínculos directos con ese sector, lo que genera una coincidencia transversal que supera cualquier disciplina partidaria.

La misma lógica se observa en el peso que pueden ejercer ciertos gremios profesionales. Recientemente, se aprobó una autorización que permite a diputados litigar mientras ejercen funciones legislativas, una medida que ha sido interpretada por críticos como un retroceso ético, al abrir la puerta a conflictos de interés. Para una parte de la ciudadanía, el mensaje es claro: el cargo público no siempre se concibe como una responsabilidad exclusiva hacia los votantes, sino como una plataforma desde la cual se pueden seguir defendiendo intereses privados.

Y es ahí donde la sospecha se vuelve todavía más corrosiva: la idea de que algunos diputados no están en la Asamblea para representar a quienes los eligieron, sino para proteger los intereses de quienes financiaron o patrocinaron su campaña política.

Hoy, el debate vuelve a encenderse en torno a nuevas versiones. Se rumora que un grupo podría estar buscando influencia para frenar normas que, según sectores sociales, se encuentran listas para debatir en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social y buscan prohibir las grasas trans de los alimentos industriales; establecer un etiquetado de advertencia para productos procesados con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías; favorecer el acceso a alimentos saludables en comedores y kioscos escolares; y procurar hábitos saludables de consumo para mejorar el bienestar de la población. La preocupación no solo es por el contenido de la discusión, sino por la posibilidad de que intereses privados busquen torcerla desde las sombras, usando los mismos mecanismos de siempre: presión, promesas y recompensas.

Lo más delicado es que, en Panamá, la Asamblea Nacional es prácticamente la única institución donde el lobby está formalizado. En teoría, eso debería representar un avance hacia la transparencia: reglas claras, actores identificables, trazabilidad. En la práctica, esa formalización convive con una cultura política donde el lobby muchas veces se confunde con tráfico de influencias, y donde la frontera entre “gestión” y “compra de voluntades” sigue siendo peligrosamente borrosa.

Esa es la paradoja: la institución que debería encarnar el debate democrático termina siendo, con frecuencia, el epicentro de las sospechas. Y mientras esa sombra no se disipe con controles efectivos, rendición de cuentas y consecuencias reales, cada decisión legislativa importante seguirá siendo vista por una parte del país con la misma pregunta incómoda: ¿se votó por Panamá... o por quien pagó el precio?