A como van las cosas, ¿los ‘pinchados' seremos los malos?

El caso de los pinchazos telefónicos que mantiene al expresidente Ricardo Martinelli detenido desde hace más de un año, tiene su raíz en julio del 2009. En ese momento la embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, recibió un extraño mensaje del entonces presidente solicitándole utilizar infraestructura de la DEA para combatir la inseguridad y espiar a sus rivales políticos, lo que causó cierto grado de estupor en la embajadora de EE.UU.

Stephenson decide hablar directamente con Martinelli y este le confiesa que el Gobierno estaba a oscuras ante el crimen y la corrupción. A la vez le sugiere nombres de individuos que deberían ser sometidos a escuchas, sin hacer diferencia entre objetivos legítimos de seguridad y enemigos políticos.

El 19 de marzo del 2010, a ocho meses de asumir el cargo, Ricardo Martinelli y su ministro Jimmy Papadimitriu firman el Decreto Ejecutivo 263, que crea el Consejo de Seguridad Nacional, quedando integrado exclusivamente por el presidente y el ministro de la Presidencia. El artículo 1 de dicho decreto prohíbe vulnerar los derechos y garantías fundamentales de los individuos consagrados en la Constitución y el artículo 13 prohíbe al Consejo el espionaje telefónico.

En marzo del 2012, en medio de una junta de accionistas de La Prensa, Ricardo Martinelli, en calidad de accionista y molesto por algunas publicaciones del diario, le dice a los directivos de la empresa sentados en la mesa principal: ‘Déjenme decirles que yo sí tengo información de todos aquí'.

En septiembre del 2012, en entrevista concedida a este servidor, Martinelli expresa, sin decir nombres, que mantenía mucha información obtenida por la ‘vereda tropical' sobre evasores fiscales que formaban parte de la directiva de La Prensa.

El 13 de mayo del 2014, en mi última entrevista con el presidente en el Palacio de las Garzas, este advirtió que tenía el dossier y el pedigrí de todo el mundo.

Todos recordamos cómo salieron a través de las redes sociales los audios de conversaciones telefónicas de opositores al Gobierno de Martinelli en diferentes momentos, tal fue el caso de Mitchell Doens, Zulay Rodríguez y Luis Ernesto Carles, entre otros. El objetivo era arruinar la reputación de estas personas y de sus partidos políticos, sin importar lo que dijera la gente sobre el origen de estas grabaciones y las posibles consecuencias legales.

Durante la administración Martinelli había un claro objetivo de utilizar el espionaje de las comunicaciones como un instrumento para doblegar a todo aquel que no comulgara con el Gobierno y es por eso que se hicieron inversiones millonarias en la adquisición de sofisticados equipos que permitieran al Consejo de Seguridad Nacional acceder al directorio de los celulares con todo y fotografía, ubicar al propietario vía GPS, detectar llamadas entrantes, acceder a los correos electrónicos que entraban al teléfono, a la memoria, a los mensajes de WhatsApp y al Blackberry Messenger, ver la agenda, las anotaciones y la duración de las llamadas.

En mi caso, desde los primeros meses del Gobierno de Ricardo Martinelli, fui advertido y lo denuncié inmediatamente que si seguía cuestionando podía aparecer muerto en cualquier momento. Fui advertido, por personas cercanas a los organismos de seguridad, sobre que tanto mi familia como yo estábamos siendo vigilados, en varias ocasiones recibí mensajes intimidatorios por correo electrónicos y en redes sociales me publicaron videos y memes con el único fin de desprestigiarme.

Toda persona tiene derecho a la intimidad y nadie, al menos que medie autorización judicial, debe interceptar nuestras comunicaciones. Quizás sea cierto que esto de los pinchazos no es nuevo, pero justificar que en el Gobierno de Martinelli se dio, ya que anteriormente también se daba, es una torpeza de marca mayor. Hoy, la justicia tiene en sus manos evidencias claras de este delito y debe castigar con firmeza a todos los responsables, de tal forma que nadie más se atreva a hacer algo parecido. No puede ser que ahora nadie vio los equipos, nadie pinchó teléfonos, nadie hizo nada ilegal, sin embargo, en el expediente del caso reposan pruebas de toda la información que recopilaron de más de 150 personas que fueron pinchadas entre 2009 y 2014. Y esto me consta, ya que tuve que ir personalmente a notificarme del caso a la Fiscalía Auxiliar por ser uno de los afectados.

Quienes formaron parte de esta organización criminal tienen que ser castigados para que esto no vuelva a ocurrir más nunca en este país y no hacerlo nos condena a que se siga repitiendo esta misma historia Gobierno tras Gobierno.

PERIODISTA