Crisis social multidimensional

Panamá enfrenta actualmente una crisis profunda y estructural que atraviesa los planos económico, social y político. Aunque el modelo de desarrollo basado en el “transitismo” ha generado tasas sostenidas de crecimiento económico, este no ha conseguido reducir de forma significativa la desigualdad estructural del país (Cepal, 2023).

Tras un año de administración gubernamental, los desafíos internos se han intensificado: presiones fiscales crecientes, incertidumbre ante el cierre de operaciones mineras, una reforma fiscal estancada, y eventos climáticos como las sequías que afectan los ingresos por tránsito en el Canal de Panamá. A ello se suman los efectos de la desaceleración comercial global y el aumento del proteccionismo, lo que impacta el costo de bienes importados y genera mayor inestabilidad (Banco Mundial, 2024).

En este contexto, el malestar ciudadano se ha intensificado, dando lugar a un ambiente de tensión y conflictividad social cada vez más evidente.

Para analizar esta crisis, resulta clave recurrir a las teorías clásicas del conflicto social. Max Weber (2019) propuso un enfoque de estratificación social tridimensional, compuesto por clase, estatus y partido, que permite entender cómo las desigualdades económicas, el prestigio social y el poder político se entrelazan y generan tensiones persistentes. Para Weber, el conflicto es una interacción fundamental donde los actores luchan por medios escasos para alcanzar sus fines.

Ralph Dahrendorf (2006), desde una perspectiva estructuralista, enfatiza que la conflictividad surge de las tensiones entre estructuras de autoridad y subordinación. Su noción de “asociaciones imperativamente coordinadas” ayuda a explicar cómo los grupos dominantes intentan mantener el control, mientras que los subordinados buscan transformar las condiciones existentes.

Por otro lado, Lewis Coser (1956) plantea una visión funcionalista del conflicto. Para él, las tensiones y protestas no son necesariamente disfuncionales; por el contrario, pueden ser útiles para mantener el equilibrio social y generar procesos de cambio cuando las instituciones ya no responden a las necesidades colectivas.

Desde el plano económico, el déficit fiscal registrado en 2024 y la paralización de sectores estratégicos como la minería, junto a la reducción en la actividad del Canal, han generado tensiones financieras que afectan principalmente a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables (MEF, 2024). Siguiendo a Weber (2019), esta situación fortalece las desigualdades al concentrar las oportunidades económicas en determinados grupos sociales.

A nivel social, Panamá experimenta su mayor oleada de movilizaciones desde el estallido social de 2022. Según el marco teórico de Coser (1956), estas expresiones colectivas pueden interpretarse como mecanismos de ajuste, donde la ciudadanía busca corregir desbalances institucionales y reclamar mayor justicia social.

En el ámbito político, los escándalos de corrupción, la baja transparencia y la debilidad institucional han deteriorado la confianza pública. En este sentido, los aportes de Dahrendorf (2006) permiten interpretar estas tensiones como luchas por el control de la autoridad, donde los grupos excluidos presionan por un acceso equitativo a la toma de decisiones.

La actual conflictividad puede verse como una fase necesaria para la transformación social. Heráclito ya sostenía que el conflicto es el principio del cambio y la dinámica del devenir (Kirk et al., 1983). Esta visión filosófica encuentra eco en Coser (1956), quien destaca que los conflictos, al expresar demandas sociales no resueltas, pueden catalizar reformas profundas.

Por otro lado, el enfoque realista de Maquiavelo (2017) nos permite entender la lucha por el poder y los recursos como parte inherente del ejercicio político.

Asimismo, la visión estratégica de Sun Tzu (2022) resulta útil para analizar las tácticas utilizadas por los distintos actores sociales, tanto estatales como ciudadanos, en la disputa pública.

La crisis actual que enfrenta Panamá es el resultado de una combinación compleja de factores estructurales que requieren una lectura integral y crítica. Las teorías del conflicto de Weber, Dahrendorf, Coser, Maquiavelo y otros permiten construir un marco explicativo robusto que ilumina tanto las causas como las posibles salidas de la crisis.

Más allá del análisis teórico, el reto para la ciudadanía es asumir un rol activo y consciente en la transformación del país. Entender las raíces del conflicto no es suficiente: se requiere también imaginar y construir alternativas. Solo a través del compromiso colectivo, el pensamiento crítico y la acción organizada podrá forjarse un futuro más equitativo y democrático.