¿ Panamá transgrede DDHH?

Los medios han hecho públicas múltiples irregularidades en perjuicio de miembros de la Fuerza Pública sin que el Gobierno se pronuncie. Casos como el mío existen en un país donde la mayoría de los ciudadanos consideramos que hay libertad; máxime, si somos signatarios de tratados de DDHH que nos obligan a garantizar el trabajo de forma libre y decorosa. Los invito a la reflexión frente a las conductas de funcionarios de la Policía Nacional (PN), aparentemente ajustadas a lo que el Estado panameño considera como actos democráticos y de justicia social.

Soy ciudadano panameño egresado como oficial del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana de Venezuela, donde obtuve, en los años 90, el título de Licenciado en Tecnología Policial con Especialización en Administración Policial y otra Especialización en Sistema de Seguridad. Con esta idoneidad, avalada por el convenio Andrés Bello, fui nombrado subteniente en la PN en el año de 1992.

La carrera policial está regida por la Ley 18 de 1997. En ella se establecen los procedimientos para el nombramiento y destitución de los miembros de la PN; pero, uno de los de mayor relevancia es la conformación de una Junta Disciplinaria para garantizar el debido proceso, derecho inalienable con que cuenta todo ciudadano de un sistema democrático, pero que se rige por la ruta que traza el gobierno de turno.

En la PN donde laboré, no se cumple la Ley 18 de 1997 ni la supletoria Ley 38 del 2000; menos, la Ley que rige el debido proceso, que data de 1943; todas ellas inspiradas en disposiciones constitucionales.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, de manera unilateral y arbitraria, sin proceso sustentado en las leyes que rigen la institución, desconociendo principios sobre DDHH que garantizan de manera insoslayable el derecho de cualquier persona a presentar sus descargos y a ser escuchada ante cualquier decisión o imputación que se le endilgue, fui privado del ejercicio profesional de la carrera, después de dieciocho años de servicio continuo en la PN. Carrera para la cual estudié con el esfuerzo y sacrificio de mi familia; una familia humilde que se restringió de muchas cosas para lograr que yo alcanzara el sueño de servir dignamente a mi país.

La arbitrariedad fue demandada cumpliendo todos los procesos y plazos que la Ley nos impone, a sabiendas de que cualquier persona sensata, aún sin conocer las minucias del Derecho, consideraría que la violación del debido proceso es suficiente para declarar la nulidad del acto que me destituye. Mas, dentro de la Administración de Justicia panameña se guarda silencio, actuando en connivencia de los actos demandados. Han pasado cuatro años, y mi expediente aún reposa en el despacho del magistrado MONCADA en lectura, a donde, extrañamente, fueron repartidas las demandas de ex miembros de la PN, siendo éste un juzgador cuestionado del Gobierno Martinelli. ¿Dónde queda el principio de Derecho ‘Justicia tardía no es justicia’?

Mi esperanza se aferra a que el Gobierno actual, bajo la administración de una persona que denota equilibrio emocional, coherencia, equidad y alto grado de responsabilidad, designe una comisión experta que haga un análisis individual de las destituciones. Que promueva, ante los otros Órganos de Gobierno, acciones que permitan corregir las arbitrariedades de las cuales fuimos víctimas panameños que nacimos en un país que decimos tiene libertad y democracia, y evitar que cuesten más dinero al Estado, dinero que pagamos todos por los desmanes de funcionarios irresponsables.

*OFICIAL DE CARRERA.