En defensa de la Procuraduría General

En los últimos 30 años, solo el procurador del período 1994-1999 culminó su mandato; por diferentes razones, más de diez no completaron sus términos, arrojando un promedio de más de un procurador cada tres años. Lamentable testimonio de inestabilidad sufrida por una institución encargada, como paladín de la retribución pública, de investigar conductas delictivas que nos afectan y asignar las responsabilidades penales correspondientes.

Añadiendo al vaivén, algunas voces ahora sugieren —¿exigen?— la renuncia o destitución de la procuradora bajo variopintas acusaciones: ineficiencia, favoritismos, discriminación, persecución política, sumisión a poderes económicos. Hasta sugieren que sea el presidente de la República quien actúe directamente, sugerencia ignorada con buen juicio por su evidente falta de autoridad para hacerlo.

Que la investigación de delitos y sus responsables sea tarea ardua e ingrata, no es exclusivo patrimonio de nuestra sociedad; sucede igualmente en otros lares. Recordamos la historia del fiscal español Baltazar Garzón, famoso en su país por sus investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, ETA, Al Qaeda y GAL, por ‘vuelos de la muerte' de la dictadura argentina 1976-1983, por ordenar el arresto de Augusto Pinochet, y muchas más. Pero fue expulsado de la carrera judicial, acusado de prevaricación durante la instrucción de un caso; fue condenado a once años de inhabilitación.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, nombrada en 2007, denunció la presunta corrupción de Maduro; se la acusó de malversación de fondos públicos, fue destituida, congelaron sus cuentas corrientes, se prohibió su salida del país y fue forzada al exilio.

Sergio Moro, luego de dirigir casos como Banestado, Operación Farol de la Colina y la condena del expresidente Lula da Silva, lideró la Operación Lava Jato. Pero Moro ha sido implicado en sospechas de corrupción, como recibir del Estado unos 1300 dólares mensuales como ‘ayuda-vivienda'; ha sido denunciado por algunos testigos de haberlos forzado ilegalmente para que declarasen contra el expresidente Lula, y de permitir torturas para arrancarles delaciones.

Natalio Nisman, fiscal argentino a cargo de la investigación del atentado terrorista contra la AMIA, denunció la organización de un sistema estatal de espionaje de ciudadanos e involucró a la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrir a un grupo de sospechosos de aquel atentado mediante un entendimiento Argentina-Irán. Nisman había denunciado amenazas de muerte contra él y sus hijas; fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su domicilio bonaerense horas antes de presentarse a la Cámara de Diputados que lo había citado para interrogarlo sobre sus denuncias.

El fiscal guatemalteco Conrado Reyes fue removido por la Corte Constitucional, acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Casos similares ha habido en el Perú y Colombia con renuncias de sus fiscales generales.

No nos ata a la procuradora más que un distante saludo casual, pero debo reconocer que la percibo como una profesional recta, bien intencionada, competente y valiente que se debate en un mar rodeado de tiburones hambrientos. No pretendo defenderla, porque la considero capaz de hacerlo por sí misma, pero enfoco mi preocupación hacia una vulnerabilidad agravada con dardos tóxicos que debilitan su función, vulnerabilidad que aumenta cuanto más se acerque una investigación a los altos nichos del poder político o económico. Antídotos serán que jueces idóneos atiendan con esmero las conclusiones de los fiscales, que el Ejecutivo cumpla su palabra de colaboración sin inmiscuirse en asuntos ajenos a su competencia.

Considero que nuestra lealtad con esta institución sería el ejercicio permanente de presión ciudadana para exigirle resultados contundentes, facilitarle procedimientos legales justos y expeditos, asegurarle recursos apropiados, y desmontar los blindajes inmorales que crean privilegios e impiden su trabajo.

EXDIPUTADA

‘No nos ata a la procuradora más que un distante saludo casual, pero debo reconocer que la percibo como una profesional recta, bien intencionada, competente y valiente [...]'

‘Que la investigación de delitos y sus responsables sea tarea ardua e ingrata, no es exclusivo patrimonio de nuestra sociedad [...]'