El 22 de octubre se desarrolló el I Simposio Interdisciplinario de Salud Mental: Visión Integral. La actividad promovió el diálogo y la convergencia entre las perspectivas de la Psicología y la Sociología. Esta última disciplina aporta una mirada más amplia sobre los factores socioeconómicos que determinan o afectan la salud mental de las personas.
Al referirnos a los determinantes socioeconómicos de la salud mental, entendemos que estos son las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, las cuales influyen directamente en su bienestar psicológico y en el riesgo de desarrollar trastornos como la depresión, la ansiedad o el estrés crónico. (OMS, 2014)
A partir de esta definición surge una pregunta fundamental: ¿cuál es la situación de salud mental de las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional, pobreza general o pobreza extrema? La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar los momentos de estrés de la vida, desarrollar plenamente sus capacidades, aprender y trabajar adecuadamente, y contribuir a su comunidad. Tiene un valor intrínseco e instrumental y constituye un derecho humano fundamental”. (OMS, 2026)
Desde el enfoque sociológico, esta condición de bienestar y la forma en que las personas enfrentan su vida cotidiana, tanto individual como colectivamente, adquieren una dimensión vinculada a la posición social y a las desigualdades estructurales. Los factores socioeconómicos son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, moldeadas por la distribución del poder, los recursos y las políticas públicas. Estas condiciones influyen de manera directa e indirecta en la aparición, gravedad y persistencia de los problemas de salud mental.
La Sociología ha realizado aportes significativos al estudio de la salud mental. Un hito fundamental lo constituye la obra El suicidio, publicada en 1897 por Émile Durkheim. En ella, el autor define el suicidio como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto realizado por la propia víctima y cuyo resultado era conocido por ella. Además, desarrolla una tipología que explica este fenómeno desde factores sociales y no exclusivamente individuales.
El análisis de los determinantes socioeconómicos de la salud mental implica romper con una lectura exclusivamente individualizada. Nos invita a ampliar la mirada e incorporar factores estructurales vinculados al entorno social, económico y político, reconociendo cómo estos influyen en la experiencia cotidiana de las personas.
Entre estos factores se encuentran los ingresos económicos y las distintas formas de pobreza. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la pobreza alcanzó el 12,4 % de la población en 2025. Aunque esta cifra no refleja directamente el estado de salud mental de la población, numerosos estudios muestran que las personas con menores recursos económicos y múltiples privaciones suelen experimentar mayores niveles de ansiedad, depresión y malestar psicológico. La escasez material genera estrés crónico al dificultar la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y los servicios esenciales. Además, las limitaciones en el acceso a bienes y recursos pueden incrementar la competencia social y los conflictos cotidianos.
La tasa de desempleo en Panamá se ubicó en 8,5 % en agosto de 2026. El desempleo, la precariedad laboral, la informalidad y la sobrecarga de trabajo constituyen factores que pueden desencadenar angustia emocional. El trabajo digno no solo proporciona ingresos, sino que también aporta estructura a la vida cotidiana, sentido de identidad, redes de apoyo y la posibilidad de proyectar un futuro. Por otra parte, el promedio nacional de escolaridad es de 11,6 años de estudio aprobados. Un menor nivel educativo suele limitar las oportunidades de inserción laboral formal y reducir la alfabetización en salud, entendida como la capacidad de comprender y utilizar información médica y psicológica para la toma de decisiones.
La vivienda constituye otro determinante relevante. El déficit habitacional se sitúa en 8,5 %, lo que equivale aproximadamente a 112.715 viviendas. Asimismo, diversas estimaciones ubican las necesidades habitacionales del país entre 150.000 y 185.000 viviendas. A ello se suma la falta de acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento y electricidad, situación que incrementa la vulnerabilidad social y emocional de los hogares afectados. (MIVIOT, 2026)
Particularmente preocupante es el llamado estrés hídrico, entendido como la situación en la que la demanda de agua supera la disponibilidad o cuando la calidad del recurso impide su uso adecuado. Esta problemática afecta de manera especial a comunidades periféricas y sectores donde se concentran las viviendas de menor costo, generando preocupaciones permanentes que repercuten en la calidad de vida y el bienestar psicológico de sus habitantes.
Desde una perspectiva amplia, resulta evidente que la accesibilidad a viviendas ubicadas en la periferia urbana suele contrastar con las limitaciones en materia de servicios públicos, transporte, suministro eléctrico, recolección de desechos y otras necesidades básicas. A ello se suman los altos costos de movilidad y de la canasta básica, elementos que, en combinación con ingresos insuficientes y condiciones laborales precarias, profundizan los factores de riesgo para la salud mental individual y colectiva. En muchos casos, estas tensiones terminan expresándose en relaciones sociales conflictivas y en un deterioro de la convivencia comunitaria.
Hablar de salud mental exige considerar a aquellas personas que enfrentan barreras socioeconómicas, geográficas e institucionales que limitan su acceso a la atención especializada. Para muchos ciudadanos, acudir a un psicólogo o psiquiatra en el sistema público representa un desafío debido a las limitaciones de oferta, mientras que los costos de la atención privada resultan inalcanzables. Estas circunstancias dificultan la detección temprana, el tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado de los trastornos mentales.
Por estas razones, el abordaje de la salud mental requiere una perspectiva diferenciada que considere las desigualdades sociales existentes. De ahí que resulten pertinentes preguntas como las siguientes: ¿cómo es la salud mental de las personas en situación de pobreza y exclusión? ¿Cómo impactan las desigualdades históricas en los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Qué efectos tiene sobre la salud mental levantarse cada día a las tres de la mañana para desplazarse durante horas hacia un empleo precario? ¿Cómo afecta vivir sin acceso permanente a agua potable o en entornos marcados por la violencia?
La salud mental no puede comprenderse plenamente si se desconecta de las condiciones materiales y sociales en las que viven las personas. Su abordaje resulta insuficiente cuando excluye a quienes enfrentan mayores desventajas dentro de una sociedad caracterizada por profundas desigualdades.
