El Estado no puede con el agua

El problema del agua no es nuevo ni mucho menos se resolverá mañana. Pero lo que sí está claro es que no lo va a resolver quien ha tenido el control por más de 25 años y no ha podido mantener, ampliar ni mejorar el servicio de agua potable en Panamá.

La ineficiencia, la politiquería, y la misma naturaleza del Estado como proveedor de servicios han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para proporcionar agua de forma continua y de calidad. Millones de dólares en consultorías han circulado por los pasillos del Idaan, y lo único que hemos recibido a cambio es un servicio cada vez más deficiente, con barrios enteros sin ver una sola gota salir de sus grifos.

Muchos países han enfrentado este mismo dilema y han optado por modelos distintos: asociación público-privada (APP) y concesiones a empresas privadas. No se trata de una teoría, sino de una práctica comprobada: Colombia, Chile, Alemania, España, Francia e Inglaterra han implementado estos esquemas para garantizar la prestación del servicio de agua potable.

Estos modelos no eliminan el rol del Estado, sino que lo transforman: pasa de operador a regulador. Los esquemas tarifarios se diseñan con base en modelos de eficiencia y regulación, de modo que se garanticen precios accesibles, inversiones constantes y un servicio sostenible. Además, los entes reguladores deben tener dientes: reglas claras, multas y sanciones por mal servicio o abusos.

Está claro que el Estado y sus administradores no han sido capaces de brindar servicios de calidad. La falta de cálculo económico, la burocracia política y la manipulación del agua como herramienta electoral han hecho del acceso al agua una lotería. Es común ver cómo el agua se convierte en promesa de campaña o en chantaje para conseguir votos.

Lamentablemente, algunos sectores han usado el término “privatización” para infundir miedo, como si significara que los pobres se quedarán sin agua. Pero lo cierto es que no hay almuerzo gratis. En Panamá, las tarifas de agua no se actualizan desde hace más de 15 años. El mal uso del agua —producto de su bajo costo— y la falta de mantenimiento han hecho que muchos, incluso pagando, no reciban el servicio.

Caer en la idea de que “el agua es un bien público, por tanto, debe ser gestionado por el Estado” es una trampa ideológica impuesta por el estatismo colectivista, que prefiere el fracaso conocido antes que enfrentar la posibilidad de un cambio estructural.

Sí, hay miedo al cambio, y sí, existe una percepción negativa sobre la gestión privada, especialmente porque nuestras instituciones (como ASEP o Acodeco) no siempre han estado a la altura. Pero eso no descalifica el modelo. De hecho, donde se han aplicado bien, las APP han mejorado notablemente la calidad del servicio.

Curiosamente, quienes critican las privatizaciones solo mencionan la electricidad, ignorando que hubo más de 200 procesos de privatización, muchos de ellos exitosos. Y aún en el caso eléctrico, pese a los problemas, la apertura al mercado permitió aumentar la generación. Hoy, los principales cuellos de botella en el sector eléctrico están en la parte estatal.