El grito silencioso que las instituciones no escucharon

Jassel tenía apenas 10 años. Mientras otros niños de su edad soñaban con jugar, con aprender, con simplemente ser niños, él cargaba sobre sus pequeños hombros el cuidado y el sostén de sus hermanitos. Hoy ya no está con nosotros.

Lo ocurrido en la provincia de Los Santos no puede convertirse en una noticia más que se lee, se comenta y se olvida. Detrás de esa noticia hay un niño que fue abandonado a responsabilidades que nunca debieron ser suyas. Un niño al que no le permitimos ser simplemente niño.

Frente a esta tragedia, las preguntas son inevitables. ¿Dónde estuvieron nuestras instituciones? ¿Dónde quedaron las alertas de quienes conocían su realidad? ¿Por qué, una vez más, la comunicación entre quienes estaban cerca de él y las autoridades responsables de protegerlo llegó tarde o no llegó nunca? No podemos devolverle la vida a Jassel. Pero sí podemos, y estamos obligados, a evitar que otro niño tenga que gritar en silencio hasta quedarse sin esperanza.

A esto se suman indicios de que habría sufrido maltrato físico por parte de personas de su entorno más cercano. Se trata, por ahora, de señales que exigen prudencia, para tener certeza de lo ocurrido, es necesario que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes y esclarezca los hechos. Pero aún como indicio, esta posibilidad no puede pasarse por alto, porque nos recuerda que el abandono de responsabilidades y el maltrato muchas veces caminan juntos, y que ambos dejan huellas que las instituciones deben estar preparadas para detectar a tiempo.

El suicidio es, ante todo, un problema de salud pública, como tal, sigue rodeado de estigmas, de mitos y silencios que nos cuestan vidas. Cuando una persona, niño, joven o adulto, llega al punto de decidir quitarse la vida, esa decisión no es un impulso aislado, es, casi siempre, el último recurso después de un largo y silencioso deterioro que nadie supo, o nadie quiso, atender a tiempo.

Por eso hablar de prevención no es hablar solamente de salud mental individual. Es hablar de redes de protección, de sistemas de alerta temprana, de instituciones que actúen antes de la tragedia y no después de ella.

Las cifras de Panamá generan alerta, en los últimos cinco años, 615 personas perdieron la vida por suicidio en Panamá. Solo en 2024 se registraron 161 suicidios: 142 hombres y 19 mujeres, siendo el grupo de edad más afectado ese año fue el de 20 a 24 años, con 20 casos. Estas cifras no son solo números en un informe. Son vidas. Son familias rotas, comunidades enlutadas, futuros que no llegaron a existir y cada una de ellas nos obliga a la reflexión y, sobre todo, a la acción.

No basta con activar protocolos cuando la tragedia ya ocurrió. La verdadera prueba de un sistema de protección está en su capacidad de actuar antes. Necesitamos fortalecer la alerta temprana, asegurando que las señales de riesgo en niños y adolescentes, abandono, maltrato, aislamiento, sean tomadas en serio y activen una respuesta inmediata. Debemos combatir la indiferencia que impide que las familias y las comunidades hablen abiertamente sobre el sufrimiento emocional y pidan ayuda sin miedo al juicio.

De igual manera, no podemos seguir tratando la niñez como una prioridad de discurso y no de acción. Necesitamos más empatía, más amor y, sobre todo, la convicción política de que nuestros niños deben ser siempre lo primero en la agenda pública.