Estilos de desarrollo, estado de derecho y protesta social

Desarrollo desigual. En las dos primeras décadas del siglo XXI, Panamá ha experimentado un crecimiento económico notorio, aunque la desigualdad persiste. Las recientes protestas por el alto costo de vida (junio/julio/agosto 2022), y la oposición a la minería metálica (agosto/octubre /noviembre 2023), son manifestaciones de la complejidad de las crisis que vive el país.

Los contrastes en el país son evidentes. Entre los años 2021-2022, Panamá registró índice de Desarrollo Humano alto (0.805), superado solo por Chile, Argentina, y Uruguay (PNUD, 2022). En ese mismo período, el país perdió 17 posiciones (20.5%) en índice de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero aún hay más, el 10% de la población con más poder adquisitivo, obtiene casi 13 veces más que el 40% de la población más pobre. Este escenario nos conduce a ocupar la sexta posición entre los países con el peor coeficiente de Gini, según el Banco Mundial (MEF, 2021; BM, 2021).

Los múltiples ajustes y reajustes en lo político, jurídico, social y económico son también parte de las crisis.

El debate público sobre el estilo de desarrollo tiene dos posiciones claramente definidas. Por un lado, quienes defienden el desarrollo económico de enclave (tránsito/minería); por el otro, quienes defienden el desarrollo sostenible y se oponen a la minería a cielo abierto por su impacto ambiental.

El país busca integrar nuevas actividades económicas, entre ellas la extracción de minería metálica como resultado de los límites y restricciones del transitismo. Para Jované, el transitismo restringe otras formas de desarrollo. Y plantea desafíos para diversificar la economía hacia otras áreas, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible.

El desarrollo minero, extractivista, según Cepal, puede generar beneficios económicos, pero al mismo tiempo imponer importantes riesgos y desafíos como la vulnerabilidad ante los ciclos económicos, la dependencia de los precios de los recursos en los mercados internacionales; pero sobre todo la degradación ambiental y la desigualdad territorial.

En su conjunto, el debate público tiene como telón de fondo las tensiones entre el perfeccionamiento del tránsito, la economía de tránsito, y la emergencia de actividades y “motores” económicos, como el extractivismo minero. Lo común entre ambos tipos de enclave son la exclusión, la degradación ambiental y la vulnerabilidad.

En Panamá, mediante un contrato ley se renegoció la explotación de minería a cielo abierto para la extracción de cobre en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón.

La Ley #406 del 20 de octubre de 2023 “formalizó” la relación entre el estado panameño y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. La negociación con poca transparencia, la participación medida por mecanismos pocos efectivos, la rapidez con la que se aprobó la ley, desencadenaron desconfianza, interrogantes y polémicas sobre las motivaciones políticas y económicas, especialmente en un año electoral.

Según el constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi y la exmagistrada Graciela Dixon, en esta coyuntura, los soportes jurídicos del estado de derecho serán puestos a prueba. Pero el saldo no parece favorable y con costos mínimos para el país. La fragilidad de la gobernanza y la vulnerabilidad modelo basado en servicios al capital, muestran las grietas del poder constituido.

La presión para la extracción de metales estratégicos se incrementará a medida que los efectos del cambio climático aumenten. El país no estará al margen de las presiones. En el corto plazo, esto será un reto país. Para defender el interés nacional, son necesarias instituciones sólidas, contrapesos entre los poderes del Estado, políticas fiscales eficaces, así como una adecuada administración de la distribución de los ingresos que se generan por la extracción de los metales (Osinergmin, 2023).

La protesta social y movilización popular enfrentan desafíos para construir su propio discurso en medio de este complejo panorama, donde las convocatorias autónomas y la participación ciudadana habitan la democracia y expresan su descontento en las calles.

La salida ante la crisis emergente no será simplemente una manifestación de la voluntad popular/institucional, sino un punto de partida para otros modelos de dirección y convocatoria. La dinámica de participación cambió, y para entenderla se requerirá comprender las contradicciones que hoy se expresan en la vida cotidiana de los panameños y panameñas.