¡Esto se acabó!

El lema más escuchado en la calle en las últimas dos semanas es: Esto tiene que acabar. La explosión social la produjo la Asamblea Nacional, que aprobó, a tambor batiente, el contrato minero, convirtiéndolo en ley, y con su rapidísima sanción, Cortizo que echó gasolina al fuego.

El ciclo democrático vivido desde la caída de los militares en diciembre de 1989, ha llegado a su fin. Ya no da para más remiendos ni parches. No ha sido solo Cortizo, que aparentemente llegó al poder sin pretender ejercerlo nunca.

En mayor o menor medida, los gobernantes que hemos tenido desde 1989, comenzando con Guillermo Endara, han ayudado a ese deterioro, definitivamente exacerbado por las corruptas administraciones de Martinelli y Varela, negativos ejemplos que le sirvieron de referencia a la especie de gobierno tricéfalo que hemos vivido desde 2019, con Cortizo-Carrizo-Binicio -no sé si en ese mismo orden- y que nos ha llevado al estado de paralización actual. Más grave aún es que cada acción o inacción del gobierno, contribuye a que la crisis se profundice más. Penosamente, ninguno, sin excepción, se percató de la necesidad de usar las luces largas –de las que tanto habló el general Torrijos- para crear una sociedad más justa y solidaria. La contracara es que somos y sigamos siendo una de las sociedades más desiguales de América Latina.

La burda forma de aprobar el polémico contrato minero ha sido el detonante de la actual crisis. Su absurda derogatoria diez días después agravará la situación. Aceptemos realísticamente que ha sido la gota que derramó un vaso lleno de corrupción –Odebretch-Blue Apple-New Business-, ventiladores, inequidades, auxilios económicos para allegados, millonarias exoneraciones para hoteleros amigos, falsas promesas, pésimo estado de la salud y no se diga de la educación, gasto incontrolable de los recursos públicos para política, enriquecimiento de funcionarios y un largo etcétera.

Por primera vez desde 1989, hemos sido incrédulos testigos de un presidente que decía ser muy demócrata, repitiendo las conductas que llevaron al país a 21 años de dictadura, promoviendo una candidatura presidencial, como ha sido el descarado e inmoral apoyo otorgado al candidato y vicepresidente Carrizo de parte de la presidencia de la República.

Lo mismo que hizo el liberal Marco Robles en 1968 para tratar de imponer en las elecciones al candidato de su partido, David Samudio. Ciertas circunstancias de la historia pasada tienen su paralelo en esas actuaciones presidenciales.

El pueblo ha clamado por poner fin a tanta trampa y tan poca transparencia. Se ha hartado de que lo llamen al diálogo y pisoteen lo acordado. Que le digan que nadie está por encima de la ley, mientras que los gobernantes dan el ejemplo contrario y a nadie se le exige rendir cuentas, teniendo un Contralor que, en lugar de fiscalizar, encubre. Donde para algunos diputados, la Asamblea Nacional es como una sociedad anónima. El pueblo está exigiendo en las calles que se escuche su voz, que lo tomen en cuenta, no solo para regalarle jamones, bonos y bolsas de comida, sino para convertirse en dueño de su propio futuro.

Tenemos que cambiar. Durante la actual crisis han sufrido, sobre todo, los que menos tienen. En las actuales circunstancias es bueno identificar a quienes persiguen objetivos políticos e ideológicos y no les importa el efecto de la paralización sobre la economía familiar de los panameños, ya que su objetivo es la desestabilización social, como han hecho en Colombia, Chile, Ecuador y otros países.

También están los poderes fácticos, que controlan la economía nacional, que siguen apostando a que no hay que cambiar el sistema existente porque en él se sienten cómodos y seguros. Hacen todo lo posible por mantener el status quo, aunque este vulnere derechos del resto de la sociedad y signifique tener gobiernos corruptos. Pero, eso sí, “amigos del capital”.

La gran lección de lo que hemos vivido en los días finales de octubre y principios de noviembre es que, quien llegue a la presidencia de la República en 2024, tendrá que aprender de lo ocurrido. Panamá ha hablado claro: queremos un gobierno que no se robe nuestro dinero, que respete nuestra integridad territorial y nos brinde la seguridad que actualmente no tenemos.

La crisis que estamos viviendo, abre la oportunidad para que emerja un nuevo gobierno que asimile las lecciones de lo ocurrido y comience a ordenar la casa. Responsabilidad también de los votantes que deberán escoger a los mejores, dando una buena lección a los responsables de tanta ignominia, sobre todo al PRD y a la mayoría de los diputados.