Historia, xenofobia e incompetencia

Uno de los más eminentes juristas panameños me envió una foto de un grupo de historiadores, para mí hasta ese momento desconocidos, con un comentario no desprovisto de humor negro: “no te reconocí por la mascarilla”. Presentaban en la Asamblea Nacional, junto con otras autoridades universitarias, un anteproyecto de ley “Que regula el ejercicio profesional de la profesión de historiador, crea el Consejo Superior de la Profesión de Historiador y establece otras disposiciones”.

La iniciativa tiene el mérito de llamar la atención sobre el abandono de los estudios históricos científicos y su descalificación en Panamá. Pero la exposición de motivos, confusa, anuncia otra cosa. Pareciera que junto a la grave pandemia política, institucional, económica y social revelada por la sanitaria aparece otra, la cultural. Una de las motivaciones del anteproyecto es xenofóbica: restringir la profesión de historiador solo a los panameños. Otro propósito dañino es dar preferencia a los títulos otorgados por las universidades locales. Los de las grandes universidades mundiales no valdrían nada, salvo que la de Panamá los reconociera.

Esa actitud de dos universidades panameñas, pública y privada, mató el proyecto original de la Ciudad del Saber. Sucedió al proponer sus rectores, en reunión que recuerdo en 1994 en el despacho de Gabriel Lewis Galindo, como condición de la llegada de universidades prestigiosas, que los títulos que otorgaran fueran validados por la Universidad de Panamá. Harvard, Stanford, Oxford, Sorbona, Salamanca, Bolonia, etc. debían inclinarse ante examinadores que ni siquiera tenían títulos suficientes y menos aún obra académica decente.

La historia no tiene fronteras ni nacionalidad. Sin embargo, según el anteproyecto legislativo no podrían presentarse aquí historiadores como la doctora española Carmen Mena, experta en Panamá con varios libros esenciales. Tampoco el estadounidense y doctor Michael Conniff, experto en Brasil y Panamá.

La Universidad de Panamá nació en 1935 y desde el principio una pléyade de profesores extranjeros en todas las ramas, incluyendo las de Humanidades, le otorgaron el sello de su época de oro, hasta finales de la década de 1960. Desde la de 1970 pone toda clase de trabas a los excelentes académicos de afuera, con trato discriminatorio por esa razón, y la calidad de sus estudios comenzó a declinar hasta los niveles de hoy, cuando hasta los títulos otorgados por mucho más reconocidas universidades de otras partes son descalificados, dando preferencia y mayor puntaje a los locales. El resultado es encerrarnos y restringirnos, atrasarnos, al contrario de lo que se practicaba en Europa desde la Antigüedad.

En la Grecia clásica las Academias eran lugares de estudio e intercambios de conocimientos de las mejores mentes de todo el Mediterráneo. En las universidades de la Europa medieval coincidían los cerebros sobresalientes de las ciudades más desarrolladas. La grandeza de la superpotencia americana le debe mucho a su capacidad de acoger el mejor talento del mundo, hasta historiadores, que llega para enseñar en sus universidades. La competencia intelectual y profesional es elemento vital de su desarrollo.

En Panamá cerramos las puertas al talento extranjero y a la competencia, lo que nos ha empobrecido notablemente. Ahora, en época de crisis profunda, es todavía más urgente la presencia de la gente más preparada, aunque venga de afuera, en todos los campos, hasta en el de la Historia.

El anteproyecto legislativo crearía un Consejo Superior de la profesión de historiador que estaría conformado por representantes de la Universidad de Panamá, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Colegio Nacional de Historiadores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Otorgaría los certificados de idoneidad para ejercer la profesión de historiador.

Dicho Consejo Superior, poblado de burócratas, calificaría y controlaría a los historiadores panameños, hasta los que ostentan una infinitamente más elevada formación académica obtenida en el extranjero y una extensa obra reconocida nacional e internacionalmente. Es el caso, entre otros, de los doctores (de verdad) Alfredo Figueroa Navarro, Alfredo Castillero Calvo, Mario Molina Castillo, Patricia Pizzurno y Celestino Araúz. Hemos publicado desde hace medio siglo decenas de libros que ignora el Ministerio de Educación (y hasta la ACP en su costosa Biblioteca de la Nacionalidad) para modernizar los textos de las escuelas panameñas.

Igual suerte correría la nueva generación de historiadores de alto nivel como, por ejemplo, los doctores Rolando de la Guardia y Marixa Lasso. Cultores del oficio con obra notable, como los abogados Oscar Vargas Velarde y Carlos Cuestas, tendrían que esconderse. Otros, que divulgan la historia a través del periodismo de calidad como Mónica Guardia o mediante amenas novelas históricas como el abogado Juan David Morgan, deberían publicar en otra parte. ¿Qué harían el Senacyt, la Ciudad del Saber y el Smithsonian si traen a Panamá historiadores prominentes para dictar conferencias e intercambiar experiencias? ¡Todos enfrentarían hasta sanciones penales!

Finalmente, la figura del historiador de la ciudad, de origen español trasladada a Cuba y ejercida en La Habana por el recordado amigo Eusebio Leal, crearía una burocracia suplementaria y costosa en no menos de diez lugares. ¿Sería la motivación esencial del anteproyecto?

Para reconocer y exaltar la figura del historiador está el padre de la historiografía científica y moderna en Panamá, Carlos Manuel Gasteazoro Rodríguez, el primer panameño que llegó con un título de doctor en historia, de la Universidad de San Marcos de Lima, que dejó obra importante y la mejor escuela de historiadores.

El nefasto clientelismo de la clase politiquera, incrustado ahora en la primera universidad pública, no puede seguir controlando el desarrollo intelectual de nuestro país y la educación que quiere alcanzar una mayor calidad. Toca a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto de ley y a la Universidad de Panamá revisar su comportamiento para no seguir dañando la educación y la cultura que ahora debería fomentar más el nuevo ministerio creado con esa finalidad.