Justicia panameña: un chiste que el pueblo llora

En 2025, los titulares en Panamá dejaron expuesta a la población: “Magistrados con jugosos aumentos”, “Se aseguran pensiones de 14 mil dólares y lo ocultaron un año”. Mientras tanto, en el país, la indignación crecía. ¿De qué sirve que los magistrados ganen 10 mil dólares al mes si, en medio de tantas excusas, el Estado malgasta millones entre “pulpos al carbón” y otras tonterías? Pero cuando se trata de justicia popular, la historia cambia.

El caso de víctimas por dietilenglicol, hecho ocurrido hace más de 20 años, es la prueba más clara de esta realidad. Más de 800 muertos, más de 1,300 afectados, sin mencionar huérfanos y familiares; todo por lucro, certificados falsificados y cadenas dolosas como negligentes, que envenenaron a la población y puso al país en la mira internacional.

Muchas de las víctimas han perdido su vida en tribunales, soportando gastos, viajes, hospitales, terapias, abogados y desesperanza, solo para que la Corte Suprema decida darles una indemnización lamentable que revictimiza a las víctimas: ¡Solo 25 mil dólares! Por los más de 20 largos años hasta el día de hoy y que seguirá para los vivos, sumando más años de sufrimiento, gastos y desesperanza, una cantidad que no tiene el más mínimo sentido frente a las heridas y pérdidas que dejó y deja actualmente esa tragedia humana. Uno de los peores casos de intoxicación mundial, causado por el gobierno panameño.

Lo más grave es que esa misma “justicia” miserable, en otros casos previos, menos lamentables y menos costosos para la víctima, ha sido demandada en Tribunales internacionales, que han ordenado al Estado panameño, indemnizaciones por montos muy superiores. En esas instancias, los afectados han ganado.

La justicia en el extranjero ha ordenado al gobierno panameño, reconocer mayores montos, realmente justos, acordes con el daño y perjuicios causados. Sin embargo, en nuestro país, esas sentencias parecen no importar.

La Corte sigue ignorando esas decisiones, esas referencias o antecedentes, como conclusiones, empujando a los afectados, víctimas del dietilenglicol, a un calvario aún mayor: más gastos, más tiempo, más abogado, más viajes, para luchar contra un sistema que, claramente, no les hace justicia y no parece importarle.

Y así, mientras el sistema público soporta cómodamente la sustracción ilícita de cientos de millones de dineros del pueblo, sin sufrir alteración; como también que cada magistrado llega a disfrutar de mucho más de 1 millón de dólares durante su período de servicio, el pueblo afectado -víctima por el envenenamiento masivo por intoxicación-, tiene que seguir peleando en otros países e instancias legales, porque aquí, la “justicia” para el pueblo, solo existe en papel.

De la justicia judicial panameña, su indiferencia, desigualdad y negligencia, siguen siendo las verdaderas vencedoras.