La niñez requiere amor, pertenencia y oportunidades: Panamá puede acelerar el cambio

En mis 33 años de experiencia con Unicef, he visitado muchos albergues y he conocido a muchos niños, niñas y adolescentes que crecen en instituciones públicas o privadas en diferentes países. Mis observaciones y conclusiones siempre son las mismas: los albergues no son entornos para niños, especialmente cuando son grandes. Siempre me impacta lo que veo: niños que crecen sin el amor de una familia, aislamiento social e invisibilidad en la sociedad, sobrerrepresentación de niños con discapacidad y pertenecientes a minorías; personal insuficiente, mal capacitado y mal pagado en trabajos complejos; y condiciones materiales inadecuadas. Y lo más importante, niños, niñas y adolescentes que han vivido uno o más traumas y son extremadamente vulnerables.

Estos niños vuelven a sufrir al enfrentarse a la negligencia y el abuso en los albergues. Se hacen adultos sin saber lo que significa tener una familia amorosa, o pueden acabar en la calle o en prisión. Y así, el abuso se transmite de generación en generación. Estos niños son inocentes, pero la sociedad, su familia, su comunidad y el Estado los condenan a una vida de maltrato e invisibilidad, sin amor ni oportunidades.

En estas condiciones, las crisis que Panamá enfrentó en 2021 y la de hoy, lamentablemente, no son una sorpresa. Es solo la confirmación de que los niños no deberían crecer en instituciones y que acelerar las reformas en favor de los niños e invertir en su desarrollo y protección es urgente y esencial.

El sistema de protección infantil ha cambiado significativamente en los últimos 5 años en Panamá. El número de niños en instituciones ha disminuido en un 43%. Se ha probado con éxito un programa de familias de acogida y se está ampliando lentamente; se evitan muchas separaciones familiares innecesarias; se han adoptado protocolos y normas acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño; el sistema está digitalizado y cada niño tiene un perfil actualizado y completo con acceso a todos los profesionales del sector. Unicef ha brindado apoyo técnico y financiero al Estado para reformar el sistema de protección infantil, especialmente la Senniaf, el Mides y el órgano judicial.

Sin embargo, ante las recientes denuncias, debemos reconocer que esto no es suficiente. Panamá necesita acelerar la reforma del sistema de protección infantil e invertir los recursos necesarios para garantizar que sus niños más vulnerables e invisibles estén protegidos y tengan la oportunidad de crecer amados, educados y sanos.

Unicef recomienda 4 prioridades:

Primero, se deben encontrar soluciones para los niños y niñas del CAI de Tocumen. La situación de cada niño debe ser revisado por un comité interinstitucional y todas las decisiones deben basarse en su interés superior. Idealmente, estos niños y niñas pueden ser ubicados en un entorno familiar, con un miembro de su familia extendida o una familia acogente. Si no es posible de inmediato, se les debe ubicar en una estructura pequeña, con un máximo de 8 niños, como solución temporal.

Segundo, el Estado debe realizar una visita de monitoreo a cada albergue del país, ya sea público o privado, con o sin financiación del gobierno. El Estado es responsable del bienestar de cada niño y niña bajo una medida de protección. Invitamos a la Defensoría del Pueblo y a las ONG que defienden los derechos del niño a unirse a estas visitas como observadores. Estos informes deben ser revisados por la Junta Directiva de Senniaf y cada ministerio debe garantizar el seguimiento en un plazo razonable, según sea necesario. Deberían asignarse recursos humanos y financieros adicionales para fortalecer el monitoreo regular y efectivo de todos los albergues y familias de acogida para prevenir, o al menos identificar tempranamente, situaciones de riesgo.

En tercer lugar, el gobierno debería acelerar la ampliación del programa de familias acogentes para aumentar su número de 70 a 200 antes de fin de año y su escalamiento progresivo hasta que la mayoría de los niños bajo medidas de protección se encuentren en soluciones de tipo familiar. Algunas de estas familias deberían recibir capacitación para acoger a niños con discapacidad, hermanos, madres adolescentes con bebés, etc. Se pueden mantener un par de albergues de emergencia para los casos más urgentes y complejos. A la escala del presupuesto público de Panamá, estos costos adicionales son insignificantes.

En último lugar, Panamá debe fortalecer sus servicios comunitarios para la infancia y sus familias. Esto implica identificar a los niños y familias vulnerables y brindarles apoyo y servicios personalizados, ya sea de protección infantil, programas de crianza, salud, educación o protección social. Esto debe considerarse una inversión, no un gasto. Porque un niño protegido, sano y educado tendrá más probabilidades de convertirse en un adulto feliz e integrado en la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y desarrollándose en una familia amorosa.

Unicef seguirá apoyando a los niños más vulnerables y a las autoridades de Panamá para garantizar que crezcan en un entorno seguro, afectuoso y propicio. Proteger e invertir en la infancia es nuestro deber moral conjunto y la mejor inversión que el país puede hacer.