Sobre los nuevos magistrados, me pregunto...

La Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia entregó al presidente un informe elaborado en cumplimiento del Decreto Ejecutivo publicado en gaceta del 2 de septiembre de este año, cuando se convocó a esta para realizar entrevistas, evaluación de los aspirantes y remitir al Consejo de Gabinete la lista de estos en orden alfabético, sin recomendaciones ni puntuaciones.

Al revisar el informe presentado, debo expresar que sentí sorpresa al no reconocer en este el proceso al que me sometí; pues, sin haberse hecho un cuestionario que distinguiera la especialidad en la materia a la que se aspiraba, se afirma en el documento que la Comisión evaluó los conflictos posibles de carácter político, empresariales o económicos y, en especial, para la Sala Penal: los casos de alto perfil, la incorporación de conceptos modernos de delitos financieros o la complejidad de la coexistencia de dos sistemas procesales.

Aunque estas cuestiones parecieran ser ideales a toda valoración de este tipo; los aspirantes no contestaron el cuestionario en su totalidad, pues no se les concedió el tiempo para ello. Así como las preguntas no interrogaban al tenor del contenido del informe.

En consecuencia, no puedo más que preguntarme ¿cuándo se evaluaron los conflictos profesionales con casos de altos perfil o los conceptos especializados? o ¿será que debemos concluir que estos criterios, desconocidos para muchos, sirvieron simplemente para excluir a la mayoría, sin que ello fuera solicitado, por el hecho de haber ejercido la profesión desde el ámbito privado, favoreciendo como antaño a algunos con un traje a la medida? Este proceso, llevado así, solo deshonra nuestra intención, dejando en su selección, como bien lo expresó un colega, “un sabor a derrota”.

La Ley establece los mecanismos para resolver estos posibles conflictos, porque, como bien lo indicó el Dr. Benedicto de León, la semana pasada, no se puede esperar que a la Corte lleguen profesionales que nunca han visto un caso complejo, para entonces dejar en manos de asistentes las controversias, mientras el magistrado aprende qué debe hacer.

No puedo dejar de preguntarme ¿cuándo se ponderó la independencia política a la vista de los resultados del informe?; o peor aún, ¿qué se hizo ante el sentir popular de un repudio a la reelección?

Entiendo que serán cuestionadas mis reflexiones, pero las reglas propuestas, como lo afirmó la Comisión, hacía de todos los profesionales un candidato idóneo constitucionalmente. Como panameña me niego a seguir enfrentando un país que favorece los intereses de unos pocos desde salones cerrados con criterios de selección revelados post-examen.

Estos procedimientos auspician el problema que se mantiene con la justicia, que no radica únicamente en los tribunales, sino en el ejercicio inadecuado del poder —público o económico—, en la inestabilidad de los traslados o despidos injustificados, en las condenas sin juicio previo o los recortes presupuestarios.

Me reconozco preocupada por esta historia que se repite. Señor presidente, confiamos en su buen juicio, la exclusión manifiesta es un irrespeto a todos los abogados convocados; ello solo genera desconfianza. En sus manos está sembrar con nuevas semillas que germinen la esperanza en la sociedad, haga respetar los criterios comunicados, lleve a los mejores a la Corte y déjenos, a través de su gestión, una huella de credibilidad.