El estado deplorable de la justicia en Panamá

En 1987 el coronel Roberto Díaz Herrera hizo fuertes declaraciones contra el régimen militar al que pertenecía, dirigido por el general Manuel Antonio Noriega. Aquello cayó como una bomba ante el pueblo y provocó una convulsión política y social de dimensión nacional. Fue el suceso que marcó el inicio de la caída del régimen, consumado con la invasión armada de los Estados Unidos de América a Panamá, el 20 de Diciembre de 1989.

Veintinueve años después, en 2016, el magistrado Licdo. Harry Díaz, en declaraciones al canal 13 de televisión (Telemetro), reveló intimidades de actos de corrupción que ocurren en la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha conmovido a la ciudadanía y ha provocado protestas de parte de la sociedad civil organizada, exigiendo la renuncia del presidente de la Corte, magistrado José Ayú Prado, e incluso del mismo magistrado Harry Díaz. Este hecho agravó la crisis de confianza que padece la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Se ha dicho que ‘la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo', con lo cual se quiere decir que lo justo es lo que debe ser asignado a cada cual, sin excesos ni defectos, según una medida objetiva e imparcial que no se inclina a reconocerle más ni menos a la luz de las normas vigentes.

Este reconocimiento debe ser acatado por aquellos a quienes se refiere el fallo y también por la persona que falla, quien no hace su voluntad sino la de la ley. Es precisamente lo que significa la justicia, representada desde la antigüedad por Temis, cuya figura aparecía con los ojos vendados y sosteniendo en sus manos la balanza. La venda simboliza la objetividad del juez, cuya tarea ha de desarrollarse con absoluta independencia de cualquier influjo externo, presión, inclinación, preferencia, favoritismo, animadversión, solidaridad o prevención, y a parte de cualquier prejuicio derivado de sus convicciones religiosas o políticas.

En el esquema general de las funciones estatales, la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y la más difícil. La balanza representa la imparcialidad frente a las partes en el proceso y en relación con los hechos y la prueba de los mismos. En ella han de ser puestos todos los elementos, tanto los positivos como los negativos. El equilibrio es un concepto fundamental para una buena y confiable administración de justicia.

La importancia de la justicia en la sociedad y a lo que consideramos que son presupuestos necesarios para abordar el tema (que no es de nuestra especialidad), son los factores más significativos de la evidente crisis que afecta desde hace años a la institucionalidad judicial en Panamá, a saber: la justicia politizada, la justicia sin controles y, entre signos de interrogación, la justicia corrompida. La politización que tiene que ver de modo principal a los juegos del poder, los efectos electorales, la lucha mezquina de los partidos, etcétera.

Lo que constitucionalmente establece la separación de poderes exhibe notorios desbalances que dan pie a que se ponga en duda su efectividad. Los síntomas de corrupción de la justicia son alarmantes. La crisis de la justicia en Panamá sin duda ha tocado fondo.

No obstante, entre los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia actual, se ha destacado el magistrado Abel Augusto Zamorano que, a nuestro juicio, ha demostrado impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. Mantiene un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualización. Ha sabido cumplir su trabajo con responsabilidad, sin dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley y denegar pedidos maliciosos.

Ha sabido guardar, asimismo, la reserva debida en los casos que, por su naturaleza y en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieren. Es decir, ha sometido a la evaluación su desempeño responsable, y ha guardado en todo momento una conducta intachable en el ejercicio de la magistratura. El magistrado Abel Augusto Zamorano ha demostrado, pues, cumplir en la práctica, con el perfil y trabajo propios de un verdadero magistrado de nuestro máximo Tribunal de Justicia.

MAESTRO DE CIUDADANOS.