Por el rescate de las bibliotecas públicas

El recuerdo más preciado de mi infancia es el de haber descubierto, a pocos pasos de mi casa, la Biblioteca Pública de Antón, inaugurada en 1942. Construida por la comunidad bajo el liderazgo de Galileo Patiño Samaniego (1910-1968), con el apoyo de los militares estadounidenses de la base de Río Hato durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió enseguida en un paraíso para un niño de apenas seis años.

Allí descubrí los libros que me transportaban a otro mundo y el gusto por la lectura que nunca me abandonó hasta reunir hoy una biblioteca personal de algunos miles de volúmenes. El año pasado supe, con pesar, que estaba cerrada. Desde entonces, ya ha reabierto con su infraestructura mejorada gracias a la Junta Comunal presidida por José Bernal y al Ministerio de Cultura, que le ha dotado de personal.

Hace unas semanas, un estudiante de la Universidad de Panamá me confesó que no había leído ni un solo libro en toda su vida (situación que parece compartir con algunos periodistas, funcionarios y políticos que ni siquiera hablan bien el español en entrevistas televisadas). Sin duda, no es un caso aislado. Revela parte de la tragedia de la educación panameña, comenzando por la superior desde hace ya varias décadas, desde los setenta. Explica también la acción de haber echado a la basura toda la biblioteca histórica del Instituto Nacional en 2022, más de 9 mil libros supuestamente dañados, sin que hubiera habido ninguna consecuencia penal por la negligencia y la fatal conclusión.

El sistema nacional de bibliotecas públicas, cuya responsabilidad recaía en la Biblioteca Nacional, bajo el amparo de la Ley No. 175 de 2020 fue traspasado del Ministerio de Educación desde 2023, proceso que culminó en mayo de 2024, para formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura. Sistema que se encontraba en muy mal estado, con 43 bibliotecas, de las cuales 7 estaban y continúan cerradas y 4 en Guna Yala sin infraestructura, ahora desaparecidas. Es el resultado de décadas de irresponsabilidad gubernamental y de la falta de recursos dedicados más a la corrupción pública y al clientelismo político. Finalmente, 2 bibliotecas pasaron a la administración de los municipios por solicitud de sus alcaldes (Santa María, ya inactiva, y La Chorrera). Sin embargo, todo comenzó a cambiar desde 2024.

El Ministerio de Cultura empezó por preparar un plan a más largo plazo. Contempló la contratación de personal idóneo, especialmente reclutado de la comunidad; asistencia controlada con relojes biométricos; cambio de horarios más amigables para el usuario; aumento de usuarios en las bibliotecas y de mobiliario y libros. Aconsejo añadir la climatización en todas para conservar mejor los libros, atraer lectores y facilitar la lectura.

El resultado es un incremento en el número de visitas a las bibliotecas públicas de unas 3,000 personas de promedio mensual en aproximadamente 30 bibliotecas, a 6,000 personas. Logro rápido a pesar de que el Ministerio de Cultura encontrara un sistema con los siguientes problemas: grave deterioro de los inmuebles (la mayoría municipales), casitas modestas, con 7 centros cerrados y condiciones de riesgo para el personal. Carencia casi total de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de conectividad, limitando el acceso a la información digital. El 95% del personal no contaba con la formación técnica especializada para los servicios bibliotecarios modernos, lo que exigía una reestructuración profunda y la profesionalización del sector. Finalmente, se encontraron colecciones desactualizadas, en mal estado físico y almacenadas en un mobiliario inadecuado.

Es una tarea ciclópea que afronta el Ministerio de Cultura mediante su Plan Estratégico de Modernización y Desarrollo de la Red de Bibliotecas Públicas de Panamá. Parte del concepto de que en el siglo XXI, la biblioteca pública deja de ser un simple repositorio de libros para convertirse en un lugar fundamental para los derechos culturales. Se proponen las bibliotecas como espacios comunitarios democráticos, centros de diálogo intercultural y nodos de acceso equitativo a la información, el conocimiento y la formación continua, sin discriminación alguna.

Dicho Plan Estratégico cuenta con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura (Cerlac), organismo intergubernamental con sede en Bogotá, bajo los auspicios de la Unesco, que impulsa iniciativas en la región relacionadas con las bibliotecas y reúne a los gobiernos de sus 21 países miembros para el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la cultura escrita, el fortalecimiento del ecosistema editorial y la consolidación de sociedades lectoras y escritoras. Cuenta, además, con la valiosa cooperación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Junto al sistema nacional de bibliotecas públicas, está el de las bibliotecas municipales que, en ciertos lugares, también quieren modernizarse. Por ejemplo, en marzo de 2025 se anunció que el Ayuntamiento de Panamá invertiría $1,2 millones en la construcción de tres bibliotecas digitales en el distrito, comenzando por la de Alcalde Díaz, siguiendo por Betania, Tocumen, Chilibre y Caimitillo.

Tanto el presidente Mulino como la ministra Herrera han otorgado un fuerte impulso inicial al rescate de las bibliotecas públicas, esfuerzo que debe mantenerse a muy largo plazo. Ojalá lográramos que pronto cientos de miles de personas, sobre todo jóvenes, se acerquen a las bibliotecas del Sistema Nacional, al menos una vez al mes, y que la Biblioteca Nacional de Panamá renazca mejorada y con recursos mucho mayores.

Tengamos grandes ambiciones. Debemos fijarnos como meta lograr que la mayoría de los 702 corregimientos del país cuenten con, al menos, una biblioteca pública. Sería la mejor forma, además, de fortalecer a Panamá, primero su gente, y de descentralizar el conocimiento y la cultura.