Proceso constituyente, ¿oportuno y participativo?

Sectores de la sociedad y algunos directivos de partidos políticos, han propuesto transitar por el mecanismo previsto por el artículo 314 de la Constitución Política como camino para reformar nuestra Carta Magna. Los principales argumentos, sin explicar el fondo ni la totalidad de lo que proponen, es el combate a la corrupción, cambios en la designación de magistrados de la Corte Suprema, competencia y proceso de juzgamiento de magistrados y diputados, todos válidos, desde un punto de necesidad institucional.

Empero lo anterior, hay verdades que subyacen en la propuesta que le desnaturalizan en cuanto a su trasfondo, necesidad impostergable, contenido y participación. Hemos de indicar que la constituyente es un proceso, un camino por el cual una sociedad transita hacia un nuevo modelo institucional de sociedad. Esta máxima nos permite acercarnos a la conclusión de que, para ello, los ciudadanos debemos capacitarnos, educarnos y prepararnos para evitar improvisaciones que conduzcan a lamentables y dramáticos errores en cuanto al contenido de las reformas y en cuanto a quienes serán los constituyentes. Precisamente, el proceso constituyente se debe construir sobre transparencia para blindar la democracia.

Para desvirtuar que lo que se habla como propuesta angular es una solución, sirve de ejemplo el “novedoso” método para la designación de magistrado y procurador de la Nación que se ha venido utilizando en los últimos años, que ha pasado por evaluaciones académicas, contratación de evaluadores expertos del extranjero e intervención de representantes de la sociedad, cuyos resultados están a la vista, siendo testigos como sociedad de que más que el método de designación, es la persona, su hidalguía y verticalidad.

En Panamá, al igual que en el resto de Latinoamérica y el mundo, enfrentamos situaciones apremiantes consecuencias de la pandemia y otros factores que le anteceden. La afectación y crisis en materia de salud, desempleo, educación y seguridad azotan de manera inmisericorde a todos, pero, en forma impactante, de primera línea, a los sectores más necesitados y vulnerables. Frente a esta realidad, tenemos incógnitas sobre las cuales reflexionar de carácter obligatorio, es definir si las reformas a la Constitución Política vienen a resolver las necesidades apremiantes de los ciudadanos. ¿Puede la reforma constitucional generar salud, empleos, educación y seguridad? ¿Es oportuno volcar recursos del Estado que pueden alcanzar o rebasar hasta los 100 millones de dólares frente a necesidades que se agravan con el fin de la moratoria bancaria y bonos de asistencia? ¿Es oportuno y conveniente someter al país a 26 meses, como mínimo, para la recolección de firmas, preparación y elección de constituyentes, desarrollo de la asamblea constituyente y referéndum, para luego entrar en el torneo electoral de elecciones generales? Se traduce en la ciudadanía entretenida, mientras los recursos del Estado se disponen en absoluta ausencia de rendición de cuentas y transparencia. Sin duda, la fiesta continuará, viviremos en mundos paralelos.

Si en algo coinciden los representantes de la empresa privada y los dirigentes de los trabajadores es en la ausencia de un plan de reactivación económica que revele horizontes de recuperación y bienestar. Eso es una prioridad de visión humana y socioeconómica impostergable.

Por otro lado, con respeto a quienes proponen las reformas, mismos que solo hace dos años las consideraban inoportunas e innecesarias, no se ha explicado el mecanismo de participación e integración de la pretendida asamblea constituyente. Ya se rumora de listas de sesenta iluminados que se distinguen para integrarla. La democracia se fortalece y desarrolla con más democracia y, la democracia actual, exige la participación de todos los sectores. Cuando se acarician conceptos excluyentes, las sociedades derivan en los estallidos sociales, tipo Chile y Colombia; o, en la aparición de mesías autoritarios, como Venezuela y Nicaragua; e igual de dañino, en desesperaciones con escogencias del menos malo, como Perú, que hoy se enfrenta a la desesperanza.

Quienes acarician métodos excluyentes de participación democrática o se creen iluminados, se arriesgan a profundizar grietas y resentimientos sociales de alta peligrosidad para la democracia y el desarrollo social que ni siquiera vislumbran.

¿Será que los panameños merecemos abocarnos de manera impostergable a transitar por tres y cuatro años de esfuerzos electorales ausentes de propuestas precisas, alimentados de estrategias y exploración de inconfesables alianzas preelectorales?

Lo que mi país necesita, con urgencia, es que unamos esfuerzos por combatir el hambre, el desempleo a través de un plan de reactivación económica definido, consensuado y viable; que se atienda de manera eficiente y eficaz el sistema de salud, y, combatir la pandemia, logrando inmunidad de rebaño. Necesitamos unirnos a grito unísono exigiendo transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, alto a la corrupción y a los escándalos. Exigir que la administración de justicia actúe apegada a la Ley, la justicia, con carácter e independencia.

Mientras atendemos estos impostergables retos, podemos darnos el tiempo como sociedad, sin pretensiones electorales, para durante dos años desarrollar con la participación decidida de gremios, organizaciones, partidos políticos, medios de comunicación, campañas públicas para rescatar valores, explicar y definir qué reformas o constitución queremos y cómo las queremos, y capacitar el voto. Es el proceso, es el camino hacia la nueva constitución.

Pretender priorizar un marco constitucional reformado, se asimila a decorar el marco del cuadro con ribetes de oro cuando la pintura figura destrozada. En la dramática e incierta situación que en la actualidad vivimos como sociedad, las propuestas de recolección de firmas, elección, desarrollo de constituyente y referéndum, le restriega al ciudadano que se viven mundos paralelos con muestra de indolencia.