¿Qué necesita Venezuela para ya?

Asumamos que la advertencia del presidente Trump a las autoridades venezolanas es seria y que estos están dispuestos a iniciar un proceso de desmantelamiento del chavismo político, civil y militar que permita, en mediano plazo, entregar el poder a Edmundo González o convocar a nuevas elecciones.

Es evidente, y la balanza de la opinión pública internacional y local se viene orientando al hecho de que ni González Urrutia ni María Corina cuentan hoy en día con la fortaleza política interna ni la organización cívica necesaria para hacerse cargo del gobierno, sobre todo las fuerzas armadas, el poder judicial y la asamblea. Imponerlos tendría que ser mediante el despliegue de una fuerza militar proporcional al tamaño del país y su población, es decir mínimo diez veces el tamaño de la que fue necesario desplegar en Panamá en 1989.

Decir que Marco Rubio va a gobernar Venezuela con Deisy Rodríguez, parece algo iluso. El secretario de Estado tiene tantos frentes abiertos en el mundo que sería una misión imposible. Tampoco es descabellado, ante las circunstancias, pensar que el propósito sea dejar intacto el gobierno hasta las próximas elecciones, que deben ser en el año 2030, para que el nuevo gobierno se instale el 10 de enero de 2031, y en estos cinco años desmontar el aparato oficialista permitiendo la amplia y libre organización y participación política, y renovando los poderes judiciales y electorales, de forma que exista un mínimo contrapeso en el poder real.

La pregunta del millón es: ¿cómo pretende Estados Unidos “cogobernar”, con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López en este proceso?, ¿cuáles son los cambios principales que se deben cumplir para que los venezolanos y la comunidad internacional comience a tener confianza en su propósito?

Me atrevo a sugerir, si es que puedo, solo cinco exigencias que el gobierno americano debe poner sobre la mesa y que son fundamentales para comenzar a demostrar al mundo que su interés es restaurar la democracia, la justicia y la libertad en Venezuela y no solo su petróleo y minerales exóticos.

Lo primero definitivamente es la inmediata liberación de todos los presos políticos y garantías de retorno a todos los exiliados y expatriados voluntariamente sin ningún tipo de persecución o retaliación, independientemente de sus actuaciones o expresiones de simpatía política fuera de Venezuela. Esa es la herida más profunda que tiene esa sociedad y por tanto la que primero debe comenzar a sanar.

Luego, debe darse de alguna forma, la garantía de independencia del poder judicial, que debe ser un balance en el ejercicio del poder político en manos del chavismo. Que el gobierno demande la renuncia de todos los magistrados del poder judicial no debe ser nada difícil ni duro de aceptar para quienes saben perfectamente que fueron puestos en esos cargos simplemente por su devoción al régimen. Así paso en Panamá cuando los 9 magistrados de la corte renunciaron a sus cargos luego de asumir el gobierno de Endara.

El tercer paso inmediato es el desmantelamiento de los “colectivos chavistas” y la recuperación de todas las armas entregadas a estos grupos paramilitares, que con la excusa de la defensa de la patria se convirtieron en grupos criminales, desatando la violencia criminal en toda la nación.

La cuarta medida inmediata sería permitir la intervención inmediata de una fuerza policial multinacional orientada al descubrimiento y desmantelamiento de toda la operación logística del narcotráfico que opera en Venezuela. Y la quinta, en aras de ir recomponiendo la economía, y con ella la calidad de vida de los venezolanos, lo primero sin duda es la devolución de las empresas y propiedades expropiadas, luego la liberación del mercado petrolero hacia países libres de sanciones, lo que debe generar rápidamente un flujo de dinero importante, que bien puede servir de fondo de recuperación económica.

Ya que el secretario de Estado no puede irse a vivir a Venezuela para cogobernar con Delcy Rodríguez, bien puede organizarse a través de las Naciones Unidas, una especia de “fuerza de paz”, no de militares, sino de expertos en administración pública, que vayan a esa nación a apoyar y a la vez a servir de observadores y garantes de las acciones dirigidas a resolver esta crisis. Obviamente, todo esto depende de la buena voluntad del gobierno venezolano en funciones y de los objetivos de los Estados Unidos que tiene, en este momento, la sartén por el mango.