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18 de Sep de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Ante las elecciones El crimen organizado y el fraude

Los sistemas y estructuras que conforman nuestro país han colapsado totalmente, y ello incluye a los partidos políticos, los cuales han ...

Los sistemas y estructuras que conforman nuestro país han colapsado totalmente, y ello incluye a los partidos políticos, los cuales han fracasado definitivamente y no son capaces de representar o satisfacer siquiera los intereses y aspiraciones de su membresía, para no mencionar su nula eficacia frente a las exigencias y necesidades de la nación panameña. Los partidos políticos han tenido amplias oportunidades para desplegar sus bondades durante décadas y no son ni serán capaces de remediar mínimamente los requerimientos de nuestro pueblo y del Estado panameño en ningún sentido.

El colapso del país exigirá que un próximo gobierno se dedique a reunir los despojos que nos dejará la actual administración; verbigracia, institucionalidad destrozada; desarticulación estatal; distorsiones constitucionales; destrucción del medio ambiente; impagables deudas externa e interna; carencia de presupuesto ordinario; ruina en el campo y la industria; desempleo real; inseguridad ciudadana; inaccesible canasta básica; mora judicial; hacinamiento penitenciario; saqueo despiadado de las arcas públicas; delitos de alto perfil y demandas internacionales de todo tipo. Un futuro gobierno tendrá que dedicar casi todo su tiempo a limpiar la mesa, y poco espacio le quedará para llevar adelante las tareas consuetudinarias.

Pero los partidos políticos no podrán cumplir con este ejercicio heroico de reintegrar el país y reconstruirlo, porque fueron precisamente su incompetencia, corrupción, transfuguismo, irresponsabilidad, complicidad, cobardía, ineptitud, inmunidad e irrelevancia los factores que produjeron la degradación política y económica, el deterioro moral, la alienación y el vaciamiento espiritual de nuestro pueblo.

La opción tripartita (Panameñismo, PRD y PP) de dejar que impere el Código Electoral de 2009, porque es ‘mejor’ que las propuestas retardatarias de la Asamblea de Diputados y Cambio Democrático parece omitir el hecho de que a los partidos y a la sociedad civil les corresponde ejercer toda la presión posible para que los diputados cumplan con su deber de producir mejores, y no peores, leyes, y que, en consecuencia, a la Asamblea le corresponde aprobar las reformas electorales que se comprometieron a ratificar tras cientos de sesiones junto al Tribunal Electoral y la sociedad civil. No aceptamos la claudicación mansa de la ciudadanía ante la barbarie.

Las advertencias y temores de sectores autorizados de que el narcotráfico o el crimen organizado se adueñarán de las elecciones y pondrán sus ganadores ya han sido denunciadas en este espacio (Ver: Julio Yao Villalaz, ‘Juicio al presidente Martinelli’, 17 de junio de 2012), en el que propusimos la integración de una Comisión contra el Crimen Organizado y su Incidencia en las Elecciones. La frialdad de los partidos ante esta propuesta y la actitud tripartita de ‘dejar las cosas como están’ nos está demostrando que el crimen organizado es ya uno de los elementos de la nueva Estafa Electoral que se avecina y que las advertencias de Jaime Abad, del fiscal Antidrogas, de Justicia y Paz, y de otras autoridades, nos confirman que el fraude electoral no está, como ha dicho el perredista Mitchell Doens, ‘a la vuelta de la esquina’, sino que está en medio de nosotros, preestablecido e integrado a la estructura y que la partidocracia está afinando y aderezando para servírselo nuevamente al pueblo.

Es necesario decirle ‘no’ a los partidos y congregar a todos los sectores del país dentro de un movimiento nacional amplio de estudiantes, obreros, indígenas, etnias, cholos, campesinos, empresarios y profesionales, para recuperar el poder originario, base de la autodeterminación y la democracia, elaborar una nueva Constitución e invocar el derecho de los pueblos a la indignación y a la rebelión ciudadana no violenta.

PRESIDENTE DEL SERVICIO PAZ Y JUSTICIA EN PANAMÁ.