Sin explicaciones, ni resultados

Llevamos 16 años desde su aparición en la política local y el único legado que Lilia Emérita Batista de Guerra ha dejado visible es el silencio. Diez de esos años como representante de corregimiento en Playa Leona no produjeron ni un glorioso hueco asfaltado, ni una escuela decente, ni una obra con trascendencia; pura inercia rodeada de transferencias millonarias que nunca pudimos descifrar.

En 2014, en una entrevista televisiva del entonces presidente electo Juan Carlos Varela, reveló que más de 6 millones de dólares fueron transferidos a la Junta Comunal de Playa Leona durante su gestión, un jugoso botín de dinero público que despertó sospechas y terminó en los despachos judiciales. Pero, mientras en otros rincones del país cifras menores desencadenan allanamientos en las madrugadas, aquí ni una boleta de citación. Nadie sabe, nadie pregunta, nadie responde. ¿Ese dinero donde fue a parar?

El caso fue tan evidente que el Tribunal Electoral declaró la nulidad de las elecciones de alcalde en La Chorrera y ordenó repetirlas. El resultado fue la victoria de Tomás Velásquez, personaje que merece un capítulo aparte, pero lo cierto es que quedó demostrado que la entonces representante de Playa Leona utilizó recursos públicos para fines políticos. En cualquier democracia funcional eso hubiese significado la muerte política de quien se atreve a usar el dinero del pueblo para su beneficio. Pero, en Panamá la justicia tiene apellidos, direcciones selectivas y horarios especiales: mientras algunos son exhibidos como trofeos de corrupción, otros sobreviven a todo.

Lilia siguió tan campante, completó su periodo y en 2019 dio el salto a la Asamblea Nacional. Como si nada hubiese pasado, fue electa diputada y repitió el triunfo en 2024. ¿Qué queda de su paso por el Legislativo? Una pobreza legislativa que no se disimula ni con comunicados pagados. No hay récord de proyectos de ley en beneficio de la población chorrerana, ni un solo debate donde se haya puesto la camiseta del distrito. Lo único visible, y de lo que no puede escapar, es su voto a favor del contrato minero, ese documento oscuro que terminó hundiendo la poca credibilidad del órgano legislativo, y para complementar en el actual periodo, su voto favorable a ley 462, la cual condena a las futuras generaciones a una pensión de miseria.

En cuanto a la transparencia, su gestión es un manual de opacidad. Su suplente, un comerciante local, figura como asistente técnico parlamentario, pese a que la Corte Suprema ya había fallado que esas designaciones violan la ley. Su planilla se maneja como una caja cerrada: apenas nos enteramos por los medios de la existencia de un funcionario que cobra cinco mil dólares mensuales sin que nadie conozca cuál es su función. Nadie rinde cuentas, nadie explica, y la diputada sonríe como si nada pasara.

Pero el libreto no termina ahí. La diputada está preparando su relevo generacional y ha colocado a su hija como secretaria general de Cambio Democrático, pese a que ella misma ahora milita en Realizando Metas. El doble discurso es evidente: con una mano juega en un partido y con la otra asegura la herencia en otro. El rumor en los pasillos es que la hija será la próxima candidata en La Chorrera, acompañada por la exgobernadora del PRD, con quien mantiene un vínculo familiar. La dinastía está servida, el poder se recicla, y el pueblo se queda con el mismo menú de siempre: promesas que no llegan, obras que no aparecen y millones que se esfuman.

No se trata de un ataque personal, se trata de evidencias acumuladas. Lilia Emérita Batista de Guerra ha demostrado que en Panamá la impunidad no es un privilegio ocasional, sino una carrera de resistencia. El pueblo de La Chorrera merece más que discursos vacíos, merece que algún día la política deje de ser el camino fácil de quienes, como ella, han hecho del poder un negocio familiar.