El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunció el grupo de 26 jugadores que viajarán al Mundial 2026
Asamblea deja pendiente tercer debate de la ley de sustancia económica
- 27/05/2026 11:15
La iniciativa busca fortalecer la transparencia fiscal y apoyar la salida de Panamá de listas discriminatorias internacionales.
La Asamblea Nacional aprobó la noche del martes, tras horas de discusión técnica, recesos y controversias jurídicas, el proyecto de ley 641 en segundo debate, una de las iniciativas fiscales más sensibles para Panamá en los últimos años y considerada por el Gobierno como una pieza clave para intentar sacar al país de las listas grises y negras de organismos internacionales.
La propuesta modifica y adiciona artículos al Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica sobre determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por grupos multinacionales que operan desde Panamá.
La aprobación ocurrió en medio de una sesión permanente cargada de debates técnicos y políticos, donde diputados, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados tributaristas y gremios empresariales discutieron el verdadero alcance de la norma: si representa un nuevo impuesto, una sanción tributaria o un régimen especial de fiscalización internacional.
El objetivo: combatir empresas “de papel”
El proyecto busca exigir que las empresas multinacionales que obtienen ingresos pasivos desde Panamá mantengan operaciones reales en el país, incluyendo personal, oficinas, gastos operativos y capacidad efectiva de administración.
Durante la transmisión legislativa se explicó que la ley pretende evitar estructuras corporativas sin actividad económica genuina, conocidas comúnmente como “empresas de papel”.
La iniciativa también intenta fortalecer la imagen internacional de Panamá frente a organismos como la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han señalado debilidades en materia de transparencia y supervisión tributaria.
Desde el pleno se defendió que la norma ayudará a atraer inversiones con presencia económica real y generación de empleo.
“Esto repercutirá positivamente en el mercado laboral y también va a generar empleos bien remunerados”, se indicó durante la exposición legislativa.
El debate arrancó con tensión
La discusión inició con la lectura de múltiples modificaciones al texto aprobado previamente por la Comisión de Economía y Finanzas.
Las reformas incluían exclusiones específicas para sectores regulados como: Marina Mercante, Bancos, Aseguradoras, Reaseguradoras, Puestos de bolsa
Fondos de inversión y Administradores de pensiones
El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó el procedimiento y pidió un receso para aclarar las modificaciones de última hora.
“Yo tenía entendido que la Comisión de Economía y Finanzas había salido con un texto unificado... siendo este un tema tan técnico y sensitivo, quisiera que se declare un receso”, expresó el diputado.
El receso permitió conversaciones entre jefes de bancada, técnicos del MEF y representantes de la Comisión de Economía antes de continuar el segundo debate.
El punto más polémico: el 15%
La discusión más intensa se produjo alrededor del artículo 707D, que establece que las entidades consideradas “no calificadas” deberán pagar una tarifa del 15% sobre la renta neta gravable derivada de ingresos pasivos de fuente extranjera.
El diputado Ernesto Cedeño protagonizó uno de los intercambios más fuertes de la noche al cuestionar si la medida constituye realmente un nuevo impuesto, contradiciendo declaraciones previas del presidente José Raúl Mulino sobre no aumentar cargas tributarias.
Cedeño comparó la propuesta panameña con legislaciones similares en Costa Rica y Uruguay, donde las normas son consideradas impuestos y no sanciones administrativas.
“Usted me está hablando de multa, pero esto es un impuesto del 15%”, reclamó el diputado durante su intervención.
La viceministra de Economía respondió inicialmente que la figura funcionaba como una consecuencia aplicable a empresas sin sustancia económica.
Sin embargo, posteriormente representantes de la DGI admitieron durante el debate que jurídicamente sí se trata de una tarifa tributaria especial.
“Efectivamente, el artículo 707D refiere a una tasa única y exclusiva del 15%”, explicó la funcionaria de la DGI.
La aclaración elevó aún más el debate político y jurídico dentro del pleno.
Las exclusiones aprobadas
Entre las modificaciones aceptadas destacan las exclusiones para sectores regulados que ya cumplen controles especiales de supervisión financiera y operativa.
En el caso marítimo, el proyecto establece que las empresas vinculadas a la explotación de naves inscritas bajo bandera panameña podrán acreditar sustancia económica mediante el cumplimiento de requisitos regulatorios supervisados por la Autoridad Marítima de Panamá.
También se excluyó parcialmente a: Entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, Empresas reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, Compañías supervisadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Fondos de inversión y fondos de pensiones.
Estas entidades deberán demostrar que las rentas pasivas extranjeras están directamente vinculadas con actividades reguladas y operaciones reales.
Nuevas obligaciones de reporte
La ley también crea obligaciones anuales de reporte tributario para grupos multinacionales domiciliados en Panamá.
Las empresas deberán informar: Ingresos por rentas pasivas extranjeras, Recursos humanos disponibles, Infraestructura Gastos operativos, Toma de decisiones estratégicas, Documentación de respaldo.
Además, el MEF mantendrá un registro de entidades sujetas a supervisión de sustancia económica.
Panamá busca salir de listas grises
Durante la sesión se insistió en que la aprobación de la ley representa un paso estratégico para mejorar la reputación financiera internacional de Panamá.
En el pleno se recordó que permanecer en listas discriminatorias afecta: el acceso a financiamiento internacional, el costo de los préstamos, la llegada de inversiones extranjeras, y la competitividad del país.
Representantes del Ejecutivo defendieron que Panamá debía adoptar estas medidas desde hace varios años para alinearse con estándares internacionales.
El tercer debate
Tras la aprobación artículo por artículo y de las modificaciones consensuadas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, convocó para el miércoles la discusión en tercer debate.
De superar ese último paso, el proyecto será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción.
Lo Nuevo
