Asamblea aprueba ley de sustancia económica en tercer debate

La Asamblea Nacional aprobó la tarde de este miércoles 27 de mayo, en tercer debate, el proyecto de ley 641, que reforma el Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica aplicables a las rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por grupos multinacionales constituidos o domiciliados en Panamá.

La iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, luego de varias modificaciones introducidas durante el segundo debate, entre ellas exclusiones para sectores regulados como la banca, las aseguradoras, entidades del mercado de valores y la industria marítima.

Durante la discusión en el pleno, diputados de distintas bancadas defendieron el proyecto argumentando que la norma busca fortalecer la posición internacional de Panamá y evitar afectaciones económicas al país.

En medio del debate legislativo, se escucharon intervenciones sobre el impacto de la presión internacional en materia fiscal y la necesidad de proteger sectores estratégicos de la economía panameña.

El diputado Benicio Robinson afirmó que la ley debía analizarse pensando en el país y no en intereses particulares o políticos.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, agradeció a los sectores que participaron durante la discusión del proyecto y destacó que se recibieron más de 150 aportes durante el proceso legislativo.

Gaitán reconoció que el debate fue complejo debido al carácter técnico de la iniciativa. Explicó que entre las modificaciones más relevantes aprobadas figuran el cambio del esquema de tributación de renta bruta a renta neta, la incorporación de criterios de proporcionalidad para evaluar la sustancia económica, mayores garantías de debido proceso y exclusiones especiales para sectores ya regulados.

“Fue un proyecto desafiante por tratarse de un tema muy técnico”, expresó el diputado.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas sostuvo además que la discusión del proyecto demostró que es posible desarrollar legislación técnica mediante el diálogo y la apertura entre el sector privado, la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo.

Según Gaitán, el intercambio permitió construir “un proyecto más robusto, equilibrado y alineado con la realidad económica y jurídica del país”.

Desde la bancada del Movimiento Otro Camino (MOCA), el diputado José Antonio Pérez Barboni aseguró que el proyecto fue ajustado durante el proceso legislativo para proteger la competitividad del país y evitar afectar actividades económicas importantes.

“Francia hace bullying con Panamá en este tema. No podemos entregar el brazo cuando solo tenemos que entregar el dedo”, expresó el diputado durante el debate.

Pérez Barboni sostuvo además que el proyecto “mutó” durante las discusiones legislativas para mantener condiciones competitivas “sin destruir negocios que son lucrativos”.

El diputado Alaín Cedeño defendió la aprobación de la iniciativa argumentando que las medidas permitirán atraer mayor inversión extranjera y generar más recursos para el país.

“Son medidas para buscar más recursos y más inversión extranjera”, manifestó.

En la misma línea, el diputado Ariel Vallarino aseguró que la legislación no representa una renuncia al principio de renta territorial que mantiene Panamá.

“Queremos atraer empresas reales y no empresas ficticias. Con todo lo que se está haciendo no se está renunciando a la territorialidad. Estamos mejorando nuestra posición ante el mundo”, indicó.

Durante la sesión también se mencionó que Panamá enfrentará una nueva revisión internacional en octubre de 2026, lo que aumentó la presión política para aprobar la iniciativa.

El diputado Luis Duke señaló que muchos panameños mantienen dudas sobre el alcance de las reformas y recordó la importancia de la próxima evaluación internacional prevista para 2026.

El proyecto aprobado establece nuevas obligaciones de reporte para multinacionales con rentas pasivas de fuente extranjera y crea la figura de “entidad no calificada” para empresas que incumplan requisitos de sustancia económica o presenten información falsa ante las autoridades tributarias.

La ley también fija una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable para las entidades que no acrediten sustancia económica suficiente en Panamá.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá facultades de supervisión y podrá aplicar sanciones, multas e intereses en caso de incumplimiento.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto pasará ahora al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.