Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, desglosa la importancia de la Ley de Sustancia Económica como la llave para...
- 29/04/2026 17:40
El cobro propuesto al sector logístico para financiar un fondo destinado a jubilados con ingresos menores a $600 al mes genera rechazo en el sector empresarial, que advierte sobre efectos negativos en la economía y la competitividad del país.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionan el proyecto de ley 491, al considerar que introduce cargas económicas al movimiento de contenedores (TEU) sin sustento técnico ni estudios actuariales que garanticen su viabilidad.
El cuestionamiento de los gremios ocurre en un contexto en el que el sistema portuario panameño mantiene un desempeño positivo. Según la Autoridad Marítima de Panamá, el movimiento de contenedores creció 3.6% en 2025, al alcanzar 9.9 millones de TEU, lo que refleja la relevancia del sector para el comercio regional.
Según la CCIAP, la medida impacta directamente uno de los principales motores económicos del país. El gremio señala que gravar la plataforma logística no solo afecta al sector, sino que se traslada a toda la cadena productiva, con efectos en el costo de bienes esenciales.
Además, advierte que la iniciativa busca resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave, lo que puede generar distorsiones económicas y riesgos legales.
Por su parte, APEDE enfatiza que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye un pilar en la generación de empleo e inversión. La organización sostiene que aumentar los costos logísticos puede provocar pérdida de volumen de carga y desvío hacia otros mercados más competitivos.
Ambos gremios coinciden en que, aunque el objetivo de apoyar a los jubilados es legítimo, el mecanismo de financiamiento propuesto resulta contraproducente y requiere un análisis técnico integral.
También alertan sobre el impacto en la seguridad jurídica del país, al señalar posibles conflictos con contratos de concesión y el riesgo de litigios que afecten la confianza de inversionistas.
En ese contexto, la CCIAP anunció que solicitará el veto del proyecto, mientras que APEDE reiteró su disposición a participar en un diálogo que permita encontrar soluciones sostenibles para el sistema de pensiones sin comprometer la competitividad del país.
Los puntos destacados del proyecto de ley 491, presentado por la diputada, Grace Hernández: