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Operación Pandora en Panamá: ocho claves del presunto fraude de $40 millones en la DGI
- 16/07/2026 18:47
La investigación apunta a una red integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para crear, transferir y comercializar créditos fiscales. Hay 16 personas imputadas y una audiencia de apelación fijada para el próximo 3 de agosto
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Agrega La Estrella en Google ↗️El dinero no salió de una bóveda ni fue retirado de una ventanilla. Según la tesis del Ministerio Público, el presunto fraude comenzó dentro del sistema que administra las obligaciones tributarias del país.
Operaciones legítimas, algunas realizadas más de una década atrás, habrían sido anuladas o modificadas en la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General del Ingresos (DGI). Esa alteración permitió que pagos ya efectuados por contribuyentes aparecieran como saldos disponibles y se convirtieran en créditos fiscales que luego fueron desviados hacia terceros.
La operación Pandora expuso una trama que, de acuerdo con las autoridades, habría causado una lesión aproximada de $40 millones al Estado. Estas son las claves para entender el caso.
1. ¿Qué investiga el Ministerio Público?
La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga a una presunta organización conformada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos y particulares.
El grupo habría eliminado o alterado dentro del e-Tax cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos. El objetivo, según la Fiscalía, era hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados y convertirlos posteriormente en créditos fiscales.
La investigación comenzó en 2024 y desembocó el pasado 8 de julio en más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
2. ¿Cómo se habrían creado los créditos?
Una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas, citada por este diario, describe una mecánica precisa: funcionarios habrían anulado en el sistema antiguas compraventas de fincas, equipos, acciones y otros activos.
En esas transacciones, los contribuyentes habían pagado los impuestos correspondientes. Al anularlas años después, el sistema generaba boletas de pago y saldos que podían transformarse en créditos fiscales.
No se trataba, por tanto, de inventar una empresa o una operación desde cero. La maniobra habría utilizado negocios reales, concluidos y pagados, para producir nuevos saldos dentro de la plataforma tributaria. Algunas de las operaciones alteradas superaban los $8 millones y tenían más de diez años de antigüedad.
3. El cambio de representantes legales
Una vez creado el crédito, quedaba un obstáculo: controlarlo sin que el contribuyente legítimo advirtiera la modificación.
La auditoría señala que dentro del sistema de la DGI se cambiaron los nombres de los representantes legales de varias sociedades. En numerosos registros se colocó un mismo correo electrónico personal y las modificaciones fueron realizadas desde un mismo usuario institucional.
De esta manera, los intermediarios podían gestionar los créditos sin que las empresas originalmente vinculadas con las transacciones tuvieran conocimiento inmediato de lo ocurrido.
4. Las empresas que aparecen no son necesariamente investigadas
La presencia de una empresa en los registros auditados no significa que haya participado en la presunta organización.
La investigación de este diario identificó compañías nacionales y multinacionales cuyas transacciones fueron modificadas dentro del e-Tax. El informe del MEF las clasifica como contribuyentes afectados, no como integrantes del esquema.
Sus operaciones comerciales habrían sido utilizadas para generar los créditos fiscales, pero las empresas no tenían razones para revisar movimientos realizados y concluidos muchos años atrás.
Esta distinción es fundamental: una cosa es que una transacción haya sido manipulada y otra, muy distinta, que la empresa involucrada originalmente conociera o participara en esa alteración.
5. ¿A cuánto asciende el presunto fraude?
El Órgano Judicial sitúa la lesión patrimonial en aproximadamente $40 millones. La Fiscalía sostiene que los fondos surgieron de las alteraciones efectuadas dentro del sistema tributario.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público mencionó movimientos y transferencias millonarias vinculadas con la ruta investigada. Sin embargo, la cifra definitiva deberá establecerse mediante las auditorías, las pericias financieras y la revisión de los créditos que fueron creados, transferidos o utilizados.
6. ¿Cuántas personas están imputadas?
Hasta el momento, 16 personas han sido imputadas. Trece permanecen bajo detención provisional y tres cumplen retención domiciliaria.
El Ministerio Público formuló cargos, de acuerdo con la presunta participación atribuida a cada investigado, por delitos relacionados con crimen organizado, corrupción de servidores públicos, afectación de la fe pública y blanqueo de capitales.
Entre los investigados hay funcionarios, exfuncionarios y particulares. Las imputaciones permiten que la Fiscalía continúe formalmente la investigación, pero no constituyen una condena.
7. ¿Qué papel tuvo el banco que adquirió los créditos?
BAC Panamá confirmó que adquirió créditos fiscales que ahora forman parte de la investigación, pero aseguró que actuó como comprador de buena fe.
La entidad sostiene que los créditos aparecían oficialmente registrados en la cuenta corriente tributaria de la DGI y que las operaciones fueron sometidas a revisiones legales, contables, fiscales, contractuales y de cumplimiento.
El banco también afirmó que no creó los créditos, no manipuló el e-Tax y no intervino en la generación de los registros investigados. Indicó que coopera con las autoridades y que mantiene abierta una investigación interna.
Determinar si quienes compraron o utilizaron los créditos conocían su origen será una de las tareas centrales de la Fiscalía. La adquisición de un crédito fiscal, por sí sola, no prueba participación en el mecanismo que lo generó.
8. ¿Cuándo será la audiencia de apelación?
Las defensas anunciaron recursos contra algunas de las medidas cautelares impuestas por la jueza de garantías.
La audiencia de apelación se celebrará el lunes 3 de agosto de 2026, a las 8:30 a. m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna.
En esa diligencia no se decidirá la culpabilidad o inocencia de los imputados. Los magistrados revisarán las medidas cautelares apeladas y determinarán si las confirman, las modifican o las revocan.
Mientras tanto, la investigación deberá reconstruir la ruta completa de los créditos, identificar a sus beneficiarios finales y establecer cómo las modificaciones lograron superar los controles de la DGI.
El caso Pandora no solo plantea quiénes manipularon el sistema. También obliga a responder una pregunta más incómoda: cómo fue posible mover decenas de millones de dólares mediante registros tributarios alterados sin que las alertas institucionales detuvieran a tiempo la operación.
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