Polémica por descuentos de la Ley 6: Jubilados piden avanzar el proyecto 226 en la Asamblea

El debate sobre los beneficios económicos de la tercera edad en Panamá volvió al centro de la discusión pública. Mientras sectores del comercio al detal reiteran su molestia por el impacto de las rebajas obligatorias en sus ingresos, los gremios de jubilados incrementaron la presión sobre la Asamblea Nacional para que se discuta en segundo debate el proyecto de ley 226, que unifica las iniciativas legislativa 225 y 227, el cual busca modificar la Ley 6 de 16 de junio de 1987.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados, solicitó públicamente a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, una reunión para agilizar la discusión de la propuesta.

Según Cortés, a diferencia de otras iniciativas calificadas de impracticable, el proyecto de ley 226 —propuesto por el diputado perredista Javier Sucre— representa una reforma realizable.

“Hay un proyecto 226 que trata de la modificación a la Ley 6 de los descuentos, que está en segundo debate. Licenciada Castañedas, yo espero conversar con usted para que se agilice la discusión porque ese sí es un proyecto realizable”, sostuvo el dirigente.

La propuesta legislativa busca abarcar vacíos en la norma actual, como la obligatoriedad de aplicar descuentos sobre promociones en restaurantes, la inclusión de insumos médicos como pañales de adultos, bastones y sillas de ruedas, y un ajuste claro en el margen de rebajas para medicamentos. Para mitigar el rechazo del sector empresarial, la iniciativa contempla que el 100% de los descuentos otorgados por los comercios sean deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La exigencia de los jubilados y pensionados coincide con una reciente polémica generada en la plataforma TikTok por la comerciante Marta Vergara, quien cuestionó la vigencia de la norma al afirmar que los propietarios de restaurantes pierden ingresos por otorgar estas rebajas. “Deberían de quitar esa ley porque a veces los jubilados tienen dos cheques y van a pedir descuentos para la comida... si no tienes plata, cómprate un pan y un queso amarillo y quédate en la casa”, expresó Vergara en una publicación que generó un rechazo masivo y posterior retractación de su parte.

Frente a la narrativa de pérdidas comerciales, los registros oficiales muestran un patrón recurrente de incumplimiento. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó que entre enero y mayo de 2026 se detectaron 222 irregularidades relacionadas con la Ley 6 de 1987, que protege a los jubilados, pensionados y adultos mayores (mujeres desde 55 años, hombres desde 60 años).

Entre las faltas más frecuentes destacan 76 anomalías en las tasas de interés en préstamos, 46 negativas a aplicar el 25% de descuento legal en restaurantes y 26 casos por la ausencia de letreros informativos obligatorios. Por estas infracciones, la institución aplicó 17 sanciones en primera instancia que suman $19,340.

Las normas vigentes dictaminan que los establecimientos que se nieguen a otorgar los beneficios se exponen a multas que van desde $50 hasta $5,000, montos que ingresan directamente al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados.

Uno de los puntos más críticos expuestos por las organizaciones de jubilados, pensionados y la tercera edad radica en el acceso a las medicinas. Las agrupaciones denuncian que algunas cadenas de farmacias aplican rebajas comerciales al público general e ignoran el 20% de descuento adicional contemplado en la ley para la tercera edad, bajo el argumento de que no se pueden acumular promociones.

El representante del sector de los adultos mayores remarcan que los precios de los medicamentos en Panamá continúan muy por encima de los promedios regionales, por lo que el proyecto de ley 226 busca fijar un mecanismo legal que asegure el beneficio efectivo al consumidor final sin interpretaciones ambiguas por parte del comercio.