Van a matar a tu hija: Raíces históricas de una violencia estructural

La violencia en Panamá no es reciente ni aislada; está profundamente arraigada en nuestra historia colonial y republicana. La explotación colonial, la esclavitud de personas africanas y el sometimiento indígena instauraron un patrón de crueldad donde ciertas vidas eran consideradas descartables.

En el siglo XIX, la construcción del ferrocarril interoceánico (1850-1855) fue sangrienta. La Panamá Railroad reconoció 12.000 trabajadores muertos, la mayoría no blancos; en ese contexto, 1.000 culíes chinos se suicidaron o murieron en condiciones extremas (Yao, 2020). La construcción del Canal de Panamá profundizó esta lógica: informes del Dr. Gorgas sugieren que más del 70% de los obreros que murieron eran afroantillanos. El “progreso” se levantó sobre cuerpos negros, indígenas y migrantes.

No fueron fatalidades, sino una jerarquización deliberada. La República, nacida en 1903 bajo un tratado desigual, heredó estas jerarquías. El sistema Gold Roll vs. Silver Roll (Maloney, G., 1989) importó la segregación racial. El Gold Roll (blancos) implicaba salarios altos y privilegios; el Silver Roll (negros antillanos y otros no blancos) significaba sueldos ínfimos.

La Constitución de 1941 de Arnulfo Arias negó la ciudadanía a personas de “inmigración prohibida”, apuntando a negros anglófonos y asiáticos. El Estado normalizó la xenofobia. Fue la “violencia solapada” del poder que describe Michel Foucault (1975): definir qué cuerpos importan y cuáles pueden ser descartados.

La dictadura militar (1968-1989) sistematizó la violencia estatal. La Comisión de la Verdad documentó 110 asesinatos y desapariciones por motivos políticos, como los de Héctor Gallego, Heliodoro Portugal o Hugo Spadafora. Como subraya Jacques Derrida (1992), fue la “violencia fundadora” del Estado expresada en tortura y ejecuciones.

El fin de la dictadura llegó con la traumática invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989. Las cifras de víctimas civiles varían drásticamente: El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos habló de 202 civiles y menos de 100 militares (Chandiramani, 2019), Documentos y comisiones posteriores muestran un mosaico de números: desde 250 muertos confirmados por la Comisión 20 de Diciembre hasta estimaciones que hablan de centenares de desaparecidos y hasta 4.000 víctimas, con barrios como El Chorrillo arrasados.

Ni los crímenes de la dictadura ni la masacre de la invasión han recibido una respuesta de justicia proporcional. Como dice Judith Butler (2004), no todas las vidas son reconocidas como “dignas de duelo”; las víctimas panameñas fueron tratadas como daños colaterales. Esta impunidad histórica envía el mensaje de que se puede matar sin consecuencias.

Esa impunidad nutre la violencia contemporánea. Hoy, Panamá es uno de los países más desiguales del planeta (Gini cercano a 0,51), con comarcas indígenas donde la pobreza supera el 80%. A esto se suma nuestra condición de país de tránsito, codiciado por el narcotráfico.

Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 438 homicidios (cifra similar a los 456 de 2024), muchos vinculados al crimen organizado (Ministerio Público). La Política Criminológica del Estado identifica causas estructurales intactas: desigualdad, impunidad, corrupción. La antropóloga Rita Segato explica la coexistencia de un Estado formal y un Estado paraestatal (nutrido por economías ilegales) que acumula capital por medios violentos. La violencia no es un error del sistema, es una de sus herramientas.

En este contexto, la violencia de género es una de las expresiones más crueles y “pedagógicas” del poder. El Observatorio de Femicidios reportó 24 femicidios en 2024; en 2025 (a septiembre) ya se registran 12 femicidios, 9 tentativas y 15 muertes violentas.

Detrás de cada número hay terror. El 12 de octubre de 2025, en Pocrí, Aguadulce, un hombre mató a su expareja (21 años) de 15 puñaladas en público, pese a tener una orden de alejamiento. En febrero, otra joven (22 años) fue asesinada de 45 puñaladas por su pareja. Son actos de ensañamiento.

Es la “pedagogía de la crueldad” de la que habla Segato: el cuerpo de la mujer se convierte en lienzo donde el patriarcado escribe su mensaje de dominio, disciplinando simbólicamente a todas las demás. Como recuerda Butler (2004), cuando una mujer intenta salirse del guion –denunciar, separarse–, la respuesta suele ser una violencia extrema que busca demostrarle que no tiene derecho a decidir sobre su propia vida.

La crueldad también es institucional. En 2023, un tribunal “enterró” el caso de una niña indígena de 8 años, de Guna Yala, violada en 2021 y obligada a parir en 2022. La audiencia concluyó que no había delitos que investigar. La especialista Eusebia Solís (de Espacio Encuentro de Mujeres) cuestionó duramente la decisión, preguntando cómo podían afirmar que hacer parir a una niña de 8 años “no pone en peligro su vida”, ignorando el daño psicológico. Es la colonialidad del poder operando sobre cuerpos racializados y feminizados.

Cuando eres mujer, y además negra, indígena o migrante, las vulnerabilidades se multiplican. Rita Segato (2016) insiste en que la guerra contra las mujeres se recrudece en estos márgenes donde confluyen patriarcado, racismo y capitalismo depredador.

El título de este artículo es brutal porque la realidad lo es. Van a matar a tu hija si no cambiamos de rumbo. Esa hija puede ser literal o simbólica. Es la conclusión lógica si mantenemos el modelo de desigualdad, impunidad y machismo.

Panamá vive una anarquía disfrazada de institucionalidad. Las instituciones están capturadas o ausentes; en ese vacío proliferan los entes paraestatales (Segato). Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha erosionado el sentido de comunidad, promoviendo el “sálvese quien pueda”. En el sexto país más desigual del mundo, la frustración es combustible para la violencia. Jacques Lacan (1948) dijo que la civilización crea límites simbólicos para contener la agresividad; cuando esos límites –ley, ética– se debilitan, aparecen comportamientos extremos.

El 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no puede ser un comunicado tibio. Debe ser un punto de inflexión.

A nivel estructural, el Estado debe: fortalecer la prevención y protección (medidas efectivas, seguimiento real, refugios); reformar leyes y protocolos (aborto, violencia sexual) para que casos como el de la niña de 8 años no se repitan; atacar la desigualdad (políticas públicas con enfoque territorial, racial y de género); y garantizar la verdad y justicia pendientes de la dictadura y la invasión.

A nivel comunitario y personal, debemos: organizarnos (crear redes de apoyo, que ninguna mujer se sienta sola); hablar de esto (romper el silencio en familias y trabajos, nombrar el machismo); educar en igualdad (cuestionar la masculinidad violenta); y cuidar la vida cotidiana (recuperar la solidaridad).

Las pistas nos las dan las pensadoras feministas: Butler (vidas dignas de duelo y protección), Segato (la guerra contra las mujeres es un laboratorio del poder) y autores decoloniales como Aníbal Quijano o María Lugones (la colonialidad sigue viva y debe desmontarse).

O defendemos la vida de las mujeres diversas, o seguimos avalando con silencio que las maten. Este 25N, el llamado es a no naturalizar el horror: ni la joven de Pocrí, ni la niña indígena de 8 años, ni las decenas sin titulares.

“Van a matar a tu hija”: riesgo real, no metáfora

Van a matar a tu hija si no hacemos nada. Pero si nos organizamos, si exigimos al Estado, si cambiamos nuestros imaginarios, podemos escribir otro futuro: uno en el que “ni una menos” no sea solo consigna, sino realidad. Mientras la economía de la dueñidad -como la denomina Segato- siga su consumación dentro de nuestro sistema neoliberal, patriarcal, y heterocisnormativo: no existirán condiciones para reducir la violencia sistémica, sino, para viralizar su espectáculo.