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- 28/04/2026 08:51
El cierre del proceso genera incertidumbre, denuncias por exclusión, reclamos de familias y cuestionamientos sobre criterios aplicados durante medida de gracia reciente en el país
El cierre del proceso de amnistía en Venezuela, anunciado recientemente por la líder del régimen, Delcy Rodríguez, deja un escenario marcado por avances limitados, cuestionamientos legales y una persistente sensación de deuda con cientos de detenidos.
Aunque el oficialismo asegura que 8.616 personas fueron beneficiadas tras recibir más de 12.000 solicitudes en apenas dos meses, la mayoría no estaba privada de libertad, sino sometida a medidas restrictivas. Solo 314 excarcelaciones fueron reconocidas por el Gobierno, mientras organizaciones independientes reducen esa cifra a apenas 110.
El contraste es contundente: aún permanecen encarcelados entre 473 y 676 presos políticos, según registros de ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón. Entre ellos figuran civiles, militares y ciudadanos extranjeros, muchos vinculados a casos considerados sensibles por el poder.
Exclusiones y casos emblemáticos
La aplicación de la amnistía dejó fuera a personas vinculadas a hechos considerados de alta gravedad política. Entre ellos, los implicados en la Operación Libertad de 2019, liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López, así como en la Operación Gedeón, un intento fallido de incursión armada desde Colombia.
Tampoco fueron incluidos los acusados de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018, ni los implicados en el intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez.
Expertos en derechos humanos sostienen que la exclusión del delito de rebelión —clave en este tipo de procesos— debilitó el alcance de la medida desde su origen.
Familias atrapadas en la incertidumbre
Más allá de las cifras, el impacto humano sigue siendo profundo. Centenares de familias continúan enfrentando procesos judiciales abiertos, restricciones laborales y desplazamientos forzados.
Organizaciones civiles y actores políticos han denunciado irregularidades en la aplicación del beneficio. Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, considera que la ley fue “altamente excluyente” y diseñada bajo criterios discrecionales.
El periodista Carlos Julio Rojas, por su parte, habla de “una selectividad perversa”, señalando retrasos judiciales, negativas sistemáticas y nuevas detenciones durante el mismo período.
Figuras del ámbito civil como Javier Tarazona o Carlos Correa tampoco obtuvieron libertad plena, lo que refuerza las críticas sobre el alcance limitado de la medida.
Apertura controlada y tensiones internas
El proceso de flexibilización política en Venezuela surgió tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en un contexto de presión internacional. Desde entonces, sectores del oficialismo, liderados por Jorge Rodríguez, han impulsado iniciativas de diálogo.
Sin embargo, dentro del oficialismo coexisten posturas enfrentadas. Figuras como Diosdado Cabello rechazan cualquier apertura amplia, insistiendo en que no debe haber impunidad.
Aunque se ha planteado la posibilidad de aplicar indultos presidenciales como mecanismo alternativo, expertos advierten que el fin de la amnistía evidencia el fracaso parcial de la estrategia.
Más preguntas que respuestas
El cierre del proceso no ha despejado las dudas. Mientras el Gobierno sostiene que continuará recibiendo solicitudes por otras vías, la realidad muestra a cientos de personas aún tras las rejas.
El debate en Venezuela ya no gira únicamente en torno a quiénes fueron liberados, sino a cuántos siguen detenidos y bajo qué condiciones podrían recuperar su libertad.
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