Venezuela: promesa de liberar presos políticos desata polémica tras denuncias de montaje

El gobierno de la presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a poner en evidencia su profunda falta de seriedad y su descarado uso de la propaganda oficial para maquillar la realidad, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciará con bombos y platillos que “Todos los presos políticos serán liberados la próxima semana”.

La euforia generada por esas palabras se ha convertido en motivo de incredulidad y rechazo tras confirmarse que parte del montaje televisivo estuvo protagonizado por una persona sin vínculo real con las víctimas de la represión del Estado.

Promesa de liberación de presos políticos genera expectativa en Venezuela

Este viernes 6 de febrero, Rodríguez salió a los medios con la supuesta“buena nueva” ante un grupo de familiares de reos políticos apostados en Boleíta, Caracas.

El anuncio parecía un intento desesperado de recuperar la legitimidad frente a una sociedad cada vez más apresurada por la crisis y la falta de libertades.

Sin embargo, la historia dio un giro que desnudó una vez más la estrategia de manipulación del oficialismo.

Denuncias de montaje mediático empañan anuncio oficial

Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos civiles denunciaron que al menos una de las personas que aparecía abrazando a Rodríguez en las imágenes difundidas no es familiar de ningún preso político, ni forma parte de quienes han mantenido una vigilia constante por la libertad de sus seres queridos.

Se trata de María Malavé, de 62 años, identificada como trabajadora de la Gobernación de Miranda con nexos en las bases chavistas, quien ingresó brevemente a un campamento asegurando ser ex presa política sin pruebas verificables y reconoció no tener ningún familiar detenido.

Tras ser identificado como simpatizante del oficialismo, se retiró del lugar y no figura en los registros de víctimas.

¿Quién es la mujer que apareció junto a Jorge Rodríguez?

Ante esta manipulación flagrante, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) emitió un duro comunicado en el que acusa al régimen de“instrumentalizar el dolor de las víctimas para proyectar una falsa imagen de humanidad”, al usar una persona ajena al dolor real de los familiares en un video de aparente apoyo.

“Lamentamos profundamente que se utilice el rostro de supuestas víctimas para un espectáculo propagandístico”, reza la misiva, mientras exigen respeto por las familias que verdaderamente han sufrido la represión.

Críticas a la falta de detalles y mecanismos concretos

Pero la farsa no termina ahí. La promesa de Rodríguez no fue acompañada de detalles concretos, plazos verificables ni mecanismos legales claros para la excarcelación de los detenidos.

Desde el pasado 30 de enero, cuando se presentó un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea, cientos de familias han esperado en vano respuestas y acciones concretas.

Y hablando de los familiares, la propia periodista Carla Angola entrevistó a un grupo de mujeres del campamento de familiares de presos políticos en Zona 7, quienes denunciaron lo que califican como un “show” montado alrededor del anuncio de liberaciones hecho por Jorge Rodríguez.

Durante la conversación, las familiares, entre ellas madres y esposas de detenidos, aseguraron que ninguna de las personas que aparece en el video oficial era parte del grupo que mantiene la vigilia, y rechazaron la presencia de una supuesta infiltrada.

Con evidente indignación, afirmaron que se trató de una burla y que, si el funcionario realmente buscaba reivindicarse, debía ordenar la liberación inmediata de los presos y no prometer acciones futuras. “Cada segundo cuenta”, insistieron, al tiempo que reclamaron justicia y responsabilidades por el daño causado.

Al ser consultadas sobre el perdón, fueron tajantes: “Tienen que pagar lo que han hecho”, reflejando el cansancio, la rabia acumulada y la urgencia de reunificar a sus familias tras meses de detención que consideran injusta.

Mientras tanto, grupos como Foro Penal aún documentan más de 600 detenciones por motivos políticos en el país, un número que demuestra que la situación persiste pese a los aplausos forzados del régimen.