Fiscalía pide apertura de juicio para 16 personas en caso 'New Business'

El Ministerio Público (MP) pidió juicio para 16 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad anónima New Business, que permitió la adquisición de la Editora Panamá América (Epasa).

La línea de investigación de la fiscalía establece que Epasa fue adquirida a través de una sociedad canasta, a donde llegó el dinero procedente de contratos estatales que habían sido otorgados a diversas sociedades anónimas.

“El MP ha presentado los elementos de convicción basados en la información bancaria que reposa en la investigación. De igual forma, con las certificaciones de la emisión de los cheques y el informe de auditoría correspondiente que acreditan la comisión del hecho delictivo”, explicó Emeldo Márquez, de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.

En 2010, un alto funcionario de la Presidencia solicitaba a los empresarios ese dinero para la compra del grupo editorial panameño, señaló la fiscalía.

“El MP ha hecho énfasis sobre ese aspecto en el acto de audiencia de hoy, en el cual el llamamiento a juicio hace alusión a que las personas que están siendo llamadas a juicio dieron aportes económicos para la compra de acciones del grupo editorial”, detalló Márquez.

La investigación empezó el 6 de marzo de 2017 después de que el ente de instrucción judicial identificó que la compra de las acciones de Epasa, que edita tres diarios de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales que realizaron maniobras de estratificación financiera para colectar, entre el 15 y el 27 de diciembre de 2019, $43,9 millones en una cuenta bancaria correspondiente a la sociedad, New Business Services Limited.

El Estado ha logrado la recuperación de $9,2 millones en acciones equivalentes al 30%, las que han sido remitidas al Tesoro Nacional.

En el acto de audiencia, el ente de instrucción judicial concluyó con sus alegatos y sustentó la vista fiscal, y posteriormente dio paso a las intervenciones de la defensa pública particular y privada.

La diligencia está planificada para realizarse entre el 4 y el 6 de julio de 2022, en el salón de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia. Están participando 16 defensores técnicos particulares y 4 públicos, y la investigación consta de 168 tomos.

Esta audiencia había sido suspendida en tres ocasiones. Inicialmente estaba programada para el 12 de noviembre de 2021, pero al faltar la notificación de uno de los imputados, se fijó una fecha alterna para el 27, 28 y 31 de enero de 2022.

Pero nuevamente fue suspendida por la presentación del fuero electoral de uno de los imputados en el caso. Y posteriormente fue reprogramada para el 19, 20 y 23 de mayo, pero tampoco se realizó por la inasistencia de defensores, a los que incluso se les aplicó una sanción económica.

La jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, decidió convocar a la continuación de audiencia, en una fecha alterna.

La defensora Gladys Quintero, sin embargo, dijo que la audiencia estaba al margen de la ley.

Quintero explicó que la audiencia es una continuación de la que se hizo a inicios del año, pero que fue recurrida por uno de los abogados mediante un amparo de garantías fundamentales que concluyó con una declaratoria de nulidad de todo lo actuado durante la primera diligencia del caso, celebrado el 27 de enero de 2022.

“Si esta es la continuación de una (audiencia) que está suspendida, este acto simplemente está al margen de la ley porque viola el debido proceso”, añadió la defensora. El fiscal Márquez apeló la decisión del tribunal.