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20 de May de 2022

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    Rafael Carles

Columnistas

Lecciones aprendidas en política fiscal

Un impuesto a las bebidas azucaradas debe introducirse dentro de un paquete integral de políticas para mejorar la salud de la población

Lecciones aprendidas en política fiscal
Lecciones aprendidas en política fiscal

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional ha propuesto un proyecto de ley que establece un impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas. Como sobran las razones para la aprobación de una ley de esta naturaleza, es nuestro objetivo compartir algunas experiencias en política fiscal para asegurar que la implementación de tal medida rinda los frutos esperados.

Un impuesto a las bebidas azucaradas debe introducirse dentro de un paquete integral de políticas para mejorar la salud de la población y prevenir las enfermedades no transmisibles.

El impuesto debe desarrollarse con una amplia consulta con las partes interesadas. Para minimizar la sustitución de bebidas alternativas con alto contenido calórico, se deben implementar impuestos de amplia base en todas las bebidas y jarabes con edulcorantes calóricos agregados. El impuesto debe ser al menos del 10 %, pero se espera que el 20 % genere mayores beneficios de salud para la población.

El impuesto debe abarcar un área geográfica lo más amplia posible para limitar las compras transfronterizas y reducir los porcentajes de traspaso. Deben desarrollarse mecanismos para destinar los ingresos a estrategias de prevención relacionadas con la salud.

Para evaluar la efectividad del impuesto, se debe realizar una evaluación rigurosa y estandarizada, tomando en cuenta los efectos promedio en la población y la desagregación de los resultados, según los subgrupos apropiados con mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, como los segmentos de bajos ingresos y las minorías étnicas o raciales.

Además, el impacto a más largo plazo de los impuestos de bebidas azucaradas debe investigarse cuidadosamente. Cuando los ingresos provenientes de los impuestos se hayan destinado a actividades relacionadas con la salud, las evaluaciones deberían capturar el impacto adicional de estas actividades. Hasta la fecha, la mayoría de los países no ha llevado a cabo evaluaciones rigurosas y, en general, aquellos que lo han hecho no han sido impulsados por instituciones oficiales.

Corresponderá a los responsables de la salud pública comprender y manejar las palancas para la implementación exitosa de esta política impositiva. El camino hacia la implementación debe ser cuidadosamente examinado y ampliamente discutido para que los errores en otros países no sean repetidos. Entre las recomendaciones claves aprendidas hasta el momento se incluyen:

Crear una coalición temprana con participación de grupos privados y cívicos para realizar campañas de incidencia colectivas, reflexivas y planificadas estratégicamente con apoyo financiero adecuado para superar las presiones de la industria de bebidas (por ejemplo, en México y Berkeley, las campañas de defensa recibieron el apoyo financiero de la Fundación Bloomberg Philanthropies).

Definir un compromiso estratégico con sectores gubernamentales no relacionados con la salud, como el Ministerio de Finanzas, particularmente en un momento de desafío a las condiciones económicas nacionales, y la alineación de la agenda política con el reconocimiento y la necesidad de reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Los argumentos opuestos para la imposición de BA deben refutarse efectivamente al destacar la salud de la población positiva, la equidad en salud y los efectos económicos, sin comprometer los niveles netos nacionales de empleo.

Asegurar que la asignación de los ingresos tributarios sirvan para financiar iniciativas de educación a nivel escolar y prevención a nivel general de toda la población. En definitiva, un impuesto a las bebidas azucaradas por motivos relacionados con la salud es una gran promesa para mejorar la salud de la población, aunque no es una panacea. Dicha política debería desarrollarse cuidadosamente para adaptarse al contexto en el que se implementará y se integrará dentro de un conjunto integral de intervenciones para mejorar las dietas de la población y las enfermedades relacionadas con la alimentación.

Además, si los impuestos implantados a las bebidas azucaradas se convierten en la norma en el futuro cercano, las políticas fiscales más amplias deberían discutirse e implementarse. Un impuesto a los alimentos procesados pobres en nutrientes y con alto contenido de sal y grasas hidrogenadas podría representar un próximo paso adelante, utilizando los ingresos para subsidiar alimentos naturales y comidas más saludables. Porque ajustar el precio de los alimentos y las bebidas para reflejar los costos de salud de la sociedad y mejorar la salud de la población debe ser una prioridad de salud pública.

EL AUTOR ES EMPRESARIO, CONSULTOR EN NUTRICIÓN Y ASESOR DE SALUD PÚBLICA.