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28 de Nov de 2020

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Rafael Carles

Columnistas

Entre el filo de lo inmoral y lo legal

Pero también quieren utilizar los tribunales como templos de cabildeo

Es una inmoralidad que diputados abogados se hayan autorizado una licencia para ejercer su profesión en el tiempo que deberían brindar sus servicios a la Asamblea Nacional. Definitivamente, el mundo está plagado de leguleyos obsesionados con leyes que no saben qué hacer con ellas. Muchos de estos han incursionado en política con el pretexto de componer la economía, arreglar las calles y bajar los precios de la comida. Pero también quieren utilizar los tribunales como templos de cabildeo. Ya no se conforman con tener un curul, sino que quieren además pertenecer a juntas directivas, asociaciones de padres de familia y hasta dirigir consejos escolares. Y la pregunta es: ¿en qué tiempo harán el trabajo para el que fueron electos? No será que asimismo buscan cargos dentro del Gobierno, nombramientos en el cuerpo diplomático o una invitación para un periplo de ciudadanos honorables.

Pero la culpa la tienen las escuelas de derecho, porque durante años predicaron que la educación legal es solo el estudio de códigos y leyes, y se olvidaron de la parte fundamental que tiene que ver con la ética del derecho. Las escuelas de leyes deben reexaminar el tipo de educación que ofrecen y conocer que el objetivo de los estudiantes ahora es aprender a hacer dinero, cuando su misión como centro de estudio debe apuntar más hacia educar con conocimientos para la construcción de un verdadero Estado de derecho.

Sin duda, un primer paso sería agregar asignaturas sobre historia, filosofía, ética y moral a las listas de cursos convencionales de derecho. Pero también se exigen cambios organizacionales más radicales, como la capacitación en temas institucionales de administración de justicia, inmunidad e impunidad, corrupción y transparencia, independencia de Órganos del Estado, y marco legal que sanciona cuando no se viola.

Tales programas, si fueran ofrecidos a los estudiantes durante su carrera de derecho, involucrarían la cooperación entre otras facultades, lo que ampliaría el abanico de conocimientos que tradicionalmente se ofrece en los cursos de leyes dentro de una universidad. Esto podría ayudar también para que escuelas de posgrado, en las que los estudiantes podrían especializarse en leyes, también participen en programas ofrecidos por otros departamentos.

Todo esto sugiere que la actual uniformidad de las principales escuelas de derecho en su estructura y propósito es inútil. Se ha asumido que una buena escuela de leyes es la que más estudiantes gradúa, pero sabemos que muchos de estos abogados graduados están huecos por dentro. Es un error pensar que los abogados están bien capacitados porque se saben de memoria los códigos, cuando la realidad es que no tienen ideas para aportar en la solución de los problemas que afectan al país.

Cualquier autocrítica de nuestra sociedad debe iniciar por hacer la distinción entre juicio legal y examen moral. Y sería interesante saber, por ejemplo, si los diputados abogados son más legalistas, porque ejercen su profesión las 24 horas al día, si esta práctica es común en otros países, si existen profesionales de otras profesiones que exigen igual trato, si los casos que ventilan serán del ámbito público, si los honorarios cobrados serán colgados en la página web de la Asamblea o si los manejarán con la misma privacidad con que administran sus planillas secretas.

Al permitirse el ejercicio del derecho mientras ocupa el cargo de diputado, se abre una caja de Pandora con consecuencias que nadie ha evaluado. Y con ello otro montón de preguntas: ¿cobrarán su sueldo completo de diputados mientras tengan licencia para litigar como abogados y si defenderán a sus clientes con las mismas artimañas que usan en el pleno para exonerarse de las infracciones que cometen? Estas son preguntas difíciles que se encuentran en la intersección del derecho y la justicia, de la historia y la filosofía, de la teoría y la práctica, de lo legal y lo moral.

A pesar de que los diputados tienen potestad constitucional para otorgarse esta licencia, insistimos en que el hecho que se distancien de sus funciones medulares, especialmente en estos momentos en que carecen de credibilidad, es un caso prometedor para que estudiantes y profesores de las escuelas de derecho investiguen sobre su conveniencia, de cara a que estos diputados han inventado una nueva rama del derecho, llamada Sociología Económica Jurídica, que estudia sobre las múltiples alternativas que tienen los diputados abogados para aumentar sus ingresos. No podemos esperar para conocer la opinión ilustrada de quienes logren examinar a conciencia este tema tan escabroso.

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