La vida como privilegio

Las epidemias siempre han resultado poco democráticas en la selección de sus víctimas, sentenciando tarde o temprano a los débiles y pobres que son los más vulnerables, ya sea por sus frágiles condiciones previas o por lo limitado de sus posibilidades futuras.

La actual pandemia nos lleva a recordar los elementos de la crisis que ya previamente existían en Panamá: un crecimiento económico en descenso, una destrucción ambiental continua y una desigualdad social, territorial, y económica persistente.

La magnitud de las consecuencias de la epidemia sigue en penumbra. Pero algunos datos advierten que serán graves. Sabemos que, en agosto de 2019, los trabajadores informales -los que no tienen contrato de trabajo, no pagan seguro social ni tienen prestaciones sociales- sumaban cerca de 700 mil personas, que el desempleo había llegado al 7.10 % y el desempleo juvenil al 20.00 %.

También conocemos que Panamá invierte menos del 10.00 % del PIB en gasto social -educación y salud- y que las diferencias en su distribución son enormes. Así ciertos grupos o instituciones -por razones geográficas, étnicas, o de clase social- reciben mayores niveles de inversión que otros grupos. Esos criterios de distribución determinan las posibilidades de acceso a servicios básicos e infraestructura; o, dicho de otra forma, condenan a mal vivir, subsistir, o a la muerte.

Un documento del BID titulado “Panamá, el Estado de las políticas públicas docentes 2018” dice que el 70.00 % de las escuelas primarias del país son multigrados; que otro 40.80 % de escuelas primarias no tiene agua potable y que solo el 20.2 % tiene acceso a internet”. Otras fuentes indican que solo el 11.00 % de la población en Panamá tiene internet. Para evaluar la cruda realidad del sistema educativo consideremos, además, que el acceso a la tecnología de información y comunicación ya se reconoce como un derecho humano.

Se sabe que Panamá es el tercer país más desigual de Latinoamérica -donde el 20.00 % de la población concentra el 56.00 % de los ingresos, mientras el 10.00 % recibe solo el 3.30 %. Pero muy poco se conoce de otras desigualdades. Por ejemplo, las mujeres, que soportan un desigual reparto de responsabilidades, salarios y oportunidades, son las que en el 70.60 % de los casos cuidan a niños, enfermos y ancianos, y dedican unas 29 horas semanales a tareas domésticas frente a las 13 horas que emplean los hombres.

¡Lávate las manos! es una de las medidas más reiteradas; pero ¿qué pueden hacer las personas que habitan en lugares como Kuna Nega o Chepillo; o en barriadas como Praderas del Norte o Villa Grecia que reciben el agua de los carros cisterna -no siempre regularmente. O los que viven en Las Cumbres, Chilibre, Pacora, 24 de Diciembre y Arraiján, áreas reconocidas por su permanente padecimiento por falta de agua, aunque reciban mensualmente la factura.

¿Y cómo acatar el “¡Quédate en casa!”? La cuarentena es casi imposible de cumplir para los que viven en asentamientos informales, apenas resguardados con cartones y tablas, sin agua, acueductos ni electricidad. ¿Cuántos son?, todo un misterio, solo disponemos de datos académicos del 2015 -año en que la economía en el país era considerada una de las mejores de la región- que decían que el 39.00 % de viviendas del Área Metropolitana de Panamá se originó como asentamientos informales.

Y, ¿cómo pedirles a las mujeres abusadas y violentadas que se queden en casa con su victimario?, sabiendo que en el 2019 hubo 21 feminicidios, 10 tentativas de feminicidio, 31 muertes violentas de mujeres (aunque no legalmente reconocidas como feminicidio) y 16 851 denuncias de violencia doméstica.

El sistema de salud público de Panamá está en la cuerda floja, ¡y esto no es solo una metáfora! La inversión en salud hace años se ha ido reduciendo y la atención ha perdido calidad, y esto sin haber atravesado crisis económicas como las que enfrentaremos en el futuro, pero que ya han padecido nuestros vecinos, como Brasil, Colombia o México, lo que nos permite vislumbrar la tragedia.

El sistema actual, frágil y segmentado, atiende a los sectores populares, obligando a las clases medias asalariadas, a pesar de que se les descuenta su aporte al Seguro Social, a pagar por medicamentos y atención sanitaria básica que el Seguro Social debería garantizar. La epidemia que nos devasta ha evidenciado aún más las deterioradas condiciones financieras de la entidad y las múltiples necesidades del Ministerio de Salud. Pareciera que nos abocamos aceleradamente a constatar que el Derecho a la Salud solo lo obtendrán quienes puedan pagar por él.

Recientes recomendaciones de ONU Hábitat exhortan a los Estados a invertir en la Economía del Cuidado; recapacitando y considerando a la salud como un sector estratégico. Un sector que requiere inversiones -cuyos retornos son de largo plazo, pero efectivos, impidiendo que se repitan crisis como la actual. No solo se requieren reformas institucionales concretas que recauden los recursos financieros necesarios, también se necesita invertir en educación para la salud, en recursos humanos, en equipo sanitario e insumos; y hacer el reconocimiento financiero y de justicia a quienes han asumido históricamente los cuidados: LAS MUJERES.