Temas Especiales

11 de Jul de 2020

Luis Eduardo Castañeda Valdés

Columnistas

Recuperación Verde, inversiones sostenibles

A raíz del confinamiento causado por el COVID-19, mucho se ha hablado, a nivel global y local, de la necesidad de una recuperación económica verde, haciendo alusión a la oportunidad de realizar inversiones sostenibles para reactivar la economía.

A raíz del confinamiento causado por el COVID-19, mucho se ha hablado, a nivel global y local, de la necesidad de una recuperación económica verde, haciendo alusión a la oportunidad de realizar inversiones sostenibles para reactivar la economía. Los planes del Gobierno hablan de inversiones por más de cinco mil millones de balboas en proyectos de construcción. Además, préstamos de multilaterales por mil millones para apuntalar al sector agropecuario y las Mypes. Estas inyecciones de capital deberán ayudar a hacer andar el motor económico, pero ¿dónde queda la parte verde?

La estrategia de inversión pública debe cumplir principios globalmente aceptados de sostenibilidad y debe, además, realizarse en proyectos e inversiones a todo lo largo del país y no exclusivamente en la franja transístmica de Panamá y Colón. Estas inversiones deben estar orientadas a que el dinero fluya a través de toda la cadena de suministros locales, incluyendo microempresas y prestadores de servicios independientes. Lamentablemente, nuestra legislación en materia ambiental, social y gobernanza (ASG), no siempre está alineada con las mejores prácticas internacionales en estos temas. Esto hace que, en coyunturas como la actual, debamos esperar que el buen juicio del inversionista, al querer minimizar los riesgos ambientales y sociales de su inversión, oriente sus decisiones hacia el cumplimiento de las mejores prácticas ASG, pero sin que en Panamá existan las normas legales que determinen ese fin. Este tema lo abordé hace algún tiempo en otro artículo de opinión (ver Desarrollando infraestructuras sostenibles, La Estrella de Panamá, 16 de enero de 2016), el Gobierno tiene pendiente la tarea de actualizar la legislación ambiental y alinearla con los principios de sostenibilidad.

La semana pasada, aprovechando el confinamiento, tuve el agrado de ser panelista en dos jornadas de seminarios en línea, organizados por el grupo de trabajo de finanzas sostenibles de Panamá (GTFS), entidad establecida en 2018, bajo el auspicio de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). La misión del GTFS es lograr que el sistema financiero apoye la consecución de una economía sostenible y promover un desarrollo humano inclusivo. Durante aquellas jornadas en línea, se evaluaron múltiples oportunidades de lograr financiamiento para inversiones sostenibles, a través de emisiones de bonos verdes, bonos sociales, bonos climáticos y otros mecanismos de financiamiento para proyectos sostenibles. Está claro cómo el sector financiero, liderado por un dinámico GTFS, se alinea con los principios de sostenibilidad y está listo para contribuir con esta meta. El Gobierno debe hacer su parte y no rezagarse en la actualización de las regulaciones ambientales.

En un sistema económico alineado con los principios globales de sostenibilidad, con regulaciones y estructuras económicas correctas, esas inyecciones económicas que mencionamos al inicio del artículo, serán irremediablemente verdes. Pero en Panamá, aunque nos movemos en esa dirección y sentido, no estamos aún allí; debemos verificar y articular a través de nuestra legislación actual, que esas inversiones sean realizadas de la manera más sostenible posible. Al mismo tiempo, debemos continuar abogando por la actualización de nuestras leyes hasta lograr una convergencia con instrumentos de mercado y reglas de comercio que conduzcan a la sostenibilidad.

Ingeniero civil, especialista en Protección Ambiental.