• 25/07/2022 00:00

Unificación popular: Un salto aterrador, pero insuficiente

Desde los años de 1980, la unificación de organizaciones representativas del movimiento popular no se había dado al nivel observado en la coyuntura que atravesamos actualmente.

Desde los años de 1980, la unificación de organizaciones representativas del movimiento popular no se había dado al nivel observado en la coyuntura que atravesamos actualmente. Ya antes nuestra historia patria ha dado cuenta de eventos parecidos.

Recuérdese el año de 1925, particularmente simbólico en la historia del movimiento popular tanto por el nivel de unidad y organización que capitaneó el movimiento sindical, como por la masacre resultante de la intervención de las tropas estadounidenses contra la gran huelga por la rebaja de los alquileres. Esta intervención, como todas las demás conocidas, han tenido un actor clave que se beneficia de estas y las justifica, a saber: las élites económicas, las familias más poderosas, que son prácticamente las mismas desde que entregaron el país a la voracidad imperial en 1903.

En los actuales momentos, estas mismas familias, de clase cuasi capitalista-caracterizadas así porque ellas mismas han impedido un desarrollo autónomo capitalista del país-añoran una intervención militar del ejército norteamericano, en vista de que el gobierno del señor Cortizo no pone el “orden constitucional” correspondiente. La Cámara de comercio industrias y agricultura de Panamá, gremio apologista del modelo rentista y transitista que sostiene a esta clase social oligarquizada, hizo su llamado público al gobierno en ese tenor.

Por supuesto, que no dan cuenta de que a pesar que hubo una expansión en la generación de riquezas del país el año pasado de un 15% respecto al período anterior (Cifras de CEPAL) la brecha entre ellos-según algunos colegas estudiosos del tema afirman que la integran unas 150 personas adultas-y los que están en la base-casi dos millones de habitantes-es de 37.7 veces de diferencia. Es decir, de la renta generada en el país, estas familias se apropian a través de diversos mecanismos legales e ilegales de casi 38 veces lo que esos más o menos dos millones de habitantes pauperizados obtienen para satisfacer sus necesidades. Esta realidad-su ser social-hace que estas familias oligarquizadas no tengan la más mínima comprensión ni sensibilidad del por qué de los comportamientos “irracionales” de pequeños empresarios hartos de estas desigualdades, de la población pobre de los barrios ni de los más pobres entre todos… las familias campesinas y semi obreras de áreas indígenas.

Sin duda, esta coyuntura ha hecho madurar a las clases afectadas por la insoportable desigualdad vinculada a la corrupción institucionalizada desde hace no pocas décadas. La articulación entre frentes de lucha inicialmente inconexos, contribuye a que se despejen interrogantes sobre las causas profundas de esta crisis y sus manifestaciones nacionales. Este proceso, es lo que le resulta aterrador a los clanes oligarquizados, pero no es suficiente. Es decir, una parte importante de la ciudadanía ha logrado ascender a un nivel de conciencia en el cual un logro de la baja sustancial en el precio del combustible o en los medicamentos, no significa resolución permanente del problema de las carestías de la canasta familiar. Ya se mira que la corrupción institucionalizada representa uno de los mecanismos claves que generan desigualdades. Por tanto, se entiende mejor o al menos se intuye, que si no se anulan los mecanismos de corrupción, todo seguirá igual.

No obstante, ante este proceso aterrador-para los clanes de poder económico-se desarrollan campañas dirigidas a desvirtuar el norte del movimiento. ¿Cómo? Principalmente, desvinculando la responsabilidad de ellos en los hechos de corrupción institucionalizada. Sus mercenarios “generadores de opinión” enfocan el tema de la corrupción en los diputados o autoridades de instituciones públicas, lo cual son una parte del problema, la otra son las mismas élites. Ante unos 300 y tanto de millones de dólares que representan los hechos tipificados como ilegítimos de los primeros, se erigen los más de 1200 millones de dólares en evasión fiscal y casi siete mil millones de dólares de “incentivos fiscales” para los clanes económicos. He aquí el terror que le tienen estos sectores al movimiento unificado de carácter popular, en donde cada vez más el pueblo identifica las reglas generadoras de las desigualdades económica sociales y no se queda en flagelar únicamente a tal o cual corrupto diputado. Después de esta coyuntura quedará una tarea pendiente: Transformar las reglas generadoras de la inequidad social con un nuevo pacto social.

Sociólogo y docente investigador de la UP
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