Ley CHIPS y sus implicaciones para Panamá

El Departamento de Estado norteamericano seleccionó a Panamá como uno de los siete países a nivel mundial con los que establecerá una colaboración para reforzar la cadena de valor global de semiconductores (chips), a través del Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación (Fondo ITSI), creado por la Ley CHIPS y Ciencia de 2022.

La Ley CHIPS creó el Fondo ITSI, que proporciona al Departamento de Estado $500 millones ($100 millones por año a lo largo de cinco años, a partir del año fiscal 2023) para expandir la fabricación global de semiconductores, garantizar cadenas de suministro seguras de semiconductores, y desarrollar e implementar redes y servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) seguras y confiables, a través de nuevos programas e iniciativas con países aliados, como Panamá.

El anuncio del Gobierno norteamericano es una buena noticia. ¿Qué significa para Panamá?

En marzo 2023, la analista Ana Swanson, del New York Times, hizo un interesante análisis de la Ley CHIPS (abreviatura de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), que permite tener luces sobre su dimensión estratégica.

Durante la pandemia, la escasez de chips obligó a las fábricas norteamericanas a interrumpir el trabajo y puso de manifiesto cuán vulnerable es la cadena de suministro a las interrupciones. Esa situación fue crítica en la industria automotriz, generó una escasez de automóviles y elevó sus precios, lo que impulsó la inflación.

Aunque Estados Unidos sigue siendo líder en el diseño de chips, la mayor parte de la fabricación se ha enviado al extranjero. En la actualidad, más del 90 % de los chips con tecnología más avanzada, cruciales para el ejército y la economía estadounidenses, se producen en Taiwán. Esto ha generado preocupación por la vulnerabilidad del suministro, debido a la agresividad de China hacia Taiwán y la posibilidad de una invasión militar a la isla.

China ha aumentado su participación en el mercado de los chips menos avanzados que siguen siendo fundamentales para los automóviles, aparatos electrónicos y otros productos. Estados Unidos fabrica el 12 % de los chips, aunque ninguno de los más avanzados del mundo.

La Ley CHIPS está respaldada por una inversión de $280 mil millones en cinco años, incluyendo $52 mil millones a la construcción y ampliación de plantas y fábricas, así como $100 mil millones para investigación y desarrollo de semiconductores.

Es probable que gran parte del dinero para la fabricación llegue a unas pocas empresas que producen los semiconductores más avanzados del mundo —entre ellas Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), la coreana Samsung Electronics y las norteamericanas Micron Technology e Intel, para ayudarles a construir instalaciones en Estados Unidos.

TSMC, empresa que produce la mayoría de los chips más avanzados del mundo, está construyendo una megafábrica en Arizona ($40 mil millones de inversión). Samsung, la segunda empresa productora, está creciendo en Texas ($25 mil millones). Micron, que fabrica avanzados chips de memoria, ha anunciado grandes planes de expansión en Nueva York. ($20 mil millones).

Intel está realizando grandes inversiones para tener una ventaja tecnológica, ha comenzado a construir un “megasitio” en Ohio ($20 mil millones de inversión) y reactivó su fábrica en Costa Rica, con una inversión de $1 mil millones y un aumento del 60 % en su planilla, que ya ronda los 4 mil trabajadores.

El primer reto que enfrenta Panamá es proyectarse como un país “pro Inversión Extranjera Directa” (IED), ámbito donde ha venido perdiendo competitividad. Luego de ser uno de los destinos favoritos, el reciente informe KPMG 2023 M&A in Latam Survey, indica que México, Brasil y Costa Rica lideran el atractivo para la IED, relegando a Panamá a un noveno lugar, superado también por Colombia, Perú, Uruguay y Argentina.

Mientras “nos toma más de dos años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos” (caso Minera Panamá), otros países de la región están agresivamente atrayendo IED y generando empleos de calidad (particularmente México y Costa Rica).

El segundo reto es formar mano de obra calificada, con un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Este hecho ha sido dramatizado por las dificultades que está confrontando TSMC para inaugurar su fábrica en Arizona, por la falta de personal idóneo.

La relación entre inversión, educación y empleos dignos se hace cada vez más evidente. Los mejores empleos, salarios y posibilidades de desarrollo estarán donde haya confianza para invertir. Sin inversión privada, seguiremos produciendo informales.