• 19/09/2023 00:00

Las mafias del dinero

Desde mucho tiempo atrás hay quienes lucran alrededor de los funcionarios públicos. Para lograr un nombramiento en el gobierno, hay que pagar uno o dos meses de salario a quién consigue el puesto, común en Salud y Educación

Actualmente suena entre muchas personas maldiciones contra bancos y financieras, sobre todo cuando suben intereses de préstamos. Ni se diga lo pírrico que pagan al dinero de los ahorristas. La molestia se agiganta cuando ven los estados financieros de estas entidades y se evidencian los millones que ganan en sus operaciones.

Con el asesinato a tiros semanas atrás de un prestamista ilegal en Chitré, se hizo público un negocio al margen de la ley: no pagan impuestos sobre sus ganancias, y operan al margen de la ley. En este negocio fraudulento, la verdadera víctima es un funcionario público, desprotegido por el Estado. Eso no es nuevo. Ha sido el modus vivendi de muchos bellacos que se aprovechan de la necesidad humana, sin que se les arrugue un músculo del rostro. El médico o enfermero que recibe su primer salario cuatro o cinco meses después de nombrado, o le cancelan sus turnos con igual retraso, o el maestro nombrado en alguna comarca que recibe su primer pago un año después. ¿Con qué subsiste mientras llega su bien ganado salario? Sencillamente, lo obligan a vivir del agiotista, del prestamista, con conexiones con los encargados de las planillas de los ministerios. Maestros, médicos, enfermeros y demás trabajadores humildes del sector público venden su futuro pago salarial de 2 mil balboas, por 1500, ya que no tienen cómo vivir mientras cancelan lo adeudado ¿Cómo obligarlo a pagar al prestamista cuando recibe su cheque?: por el contacto que tiene adentro, que también, por el “trámite”, lleva su parte. Si el Minsa, el Seguro Social y el Meduca, cancelaran sus obligaciones laborales de inmediato, no habría necesidad de esos ladrones prestamistas que, en contubernio, con algún funcionario, están en el vil negocio.

Desde mucho tiempo atrás hay quienes lucran alrededor de los funcionarios públicos. Para lograr un nombramiento en el gobierno, hay que pagar uno o dos meses de salario a quien consigue el puesto, común en Salud y Educación.

Si el caso del prestamista asesinado en Herrera se repite en todas partes, debe haber muchos más de estos tipejos en otras provincias. Lo peor de todo es que deben ser personas hartamente conocidas en los centros de trabajo, porque son los que resuelven en caso de necesidad extrema. Los jefes les conocen, porque de repente a ellos mismos en algún momento les prestan algo.

Esta nefasta situación del sector público también se repite en el privado durante los días de pago, por ejemplo, en las construcciones. El primero en la fila para cobrar es el agiotista, exigiendo que los obreros le cancelen lo prestado durante la quincena a altísimos intereses.

El Estado se ha encargado de supervisar únicamente los negocios de la banca y las financieras. Se ha hecho la vista gorda con los que se dedican a este criminal negocio.

Lo vemos en otros rubros: los que evaden impuestos en las pequeñas tiendas y en los grandes negocios; los que se roban las cuotas de seguro social de sus empleados y no les aplican ninguna pena; los que venden lotería clandestina, cuyos sorteos se celebran paralelamente a los sorteos regulares, donde participan grandes potentados a la luz pública. Los que cobran por agilizarte algún pago en Contraloría. Los que inventan gastos en los municipios, disfrazándolos de ayudas económicas. La lista sería larga porque en el Estado el salpique es más común de lo que pensamos.

Hablamos mal de los bancos y financieras. Pero, ignoramos casos como el que revela el asesinato de ese prestamista en la provincia de Herrera, que lucraba por la demora en que el Minsa cancela sus obligaciones a sus colaboradores. Situación que estoy seguro se repite en otras provincias a lo largo y ancho del país.

¿Solución? Crear un ente que acepte todas las denuncias por estos abusos con suficiente poder para atender y resolver las quejas y que el Estado, a través del Banco Nacional y la Caja de Ahorros, cumpla el rol, hoy dejado a los prestamistas, adelantando el pago que le deben a los funcionarios. Así sí podrían decir que son el banco de la familia panameña.

Todo debe comenzar con el ejemplo de probidad e independencia que los superiores de las diferentes entidades, comenzando por el mismo presidente de República, irradien al resto de los funcionarios. Desafortunadamente, ese ejemplo ha brillado por su ausencia. Si no que le pregunten a las administraciones de Martinelli, Varela y a Cortizo. Es posible un cambio profundo. Gracias a Dios todavía es posible cambiar a Panamá.

Analista político
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