Mulino: ‘No puedo adelantar si vetaré ley de descuentos en seguros de autos’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, evitó definir este jueves si vetará o sancionará el proyecto de ley que establece un descuento obligatorio del 25 % en las pólizas de seguros de autos, y adelantó que esperará la revisión de su equipo legal y las consultas con gremios del sector antes de tomar una decisión.

“No la he leído en sí. Siempre las leyes que llegan aquí pasan por una revisión del equipo legal técnico para ver si se veta o se sanciona de forma directa”, respondió el mandatario.

“He oído las críticas, por supuesto, y las encuentro bastante válidas. Pero esperaré a tenerla frente a mí con las opiniones de los que saben para tomar una decisión. No puedo adelantar en este momento si la voy a vetar o no. Sí pedí que consulten a los gremios, a las cámaras de seguro, a todos los corredores, etcétera, que saben de esto y pueden medir mejor las implicaciones de la ley”, dijo el presidente Mulino.

Por su parte, la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) viene reiterando su posición con respecto al proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate, que pretende imponer descuentos en el Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Durante la discusión del proyecto, Apadea siempre mantuvo su posición a través de múltiples comunicaciones en medios de comunicación y en notas dirigidas al diputado proponente, al presidente de la Comisión de Transporte, (Shirley Castañedas), así como al presidente del hemiciclo legislativo, (Jorge Luis Herrera), tanto del actual periodo como del anterior, de rechazar este proyecto por el principio básico de defender la libre competencia.

En conferencia de prensa, el pasado 19 de septiembre, Apadea indicó que en las reuniones de primer debate presentó información del impacto que esta ley podía representar en la sostenibilidad del SOAT. No obstante, estas observaciones fueron descartadas, al igual que las del resto de las asociaciones que acompañaron durante la discusión, brindando una percepción incorrecta tanto a los diputados en el pleno como a la sociedad civil de que era un proyecto consensuado. Claramente, la intención fue evitar la participación de cualquier gremio que hubiera manifestado su oposición, y el proyecto fue aprobado en segundo y tercer debate sin lectura de las cartas enviadas y sin participación de la industria.

Esta normativa, de ser sancionada por el Ejecutivo, representa un retroceso de más de 40 años en materia de libre competencia y libertad tarifaria, reinstaurando mecanismos de control de precios que fueron superados en este país y que dieron paso a una industria moderna donde 14 empresas participan del mercado libre, ofreciendo alternativas y precios competitivos que responden a las necesidades de los asegurados, sostuvo el gremio empresarial.

El seguro obligatorio cumple una función social esencial: garantizar cobertura y asistencia a las víctimas de accidentes de tránsito. Para sostener este compromiso, se requieren tarifas técnicamente calculadas, basadas en riesgos reales y en las reservas financieras que permitan hacer frente a los siniestros que se presentan diariamente. En lo que va del año, se han pagado 116.044 reclamos por un monto de $110,5 millones, lo que arroja una siniestralidad cercana al 60 % en comparación con las primas.

Alterar artificialmente estos precios mediante descuentos forzados genera, entre otros riesgos, la reducción de la oferta en detrimento de los consumidores; pero peor aún, envía un mensaje distorsionado sobre el respeto a la seguridad jurídica y a la inversión privada, pilares fundamentales para el desarrollo del país.

Es fundamental que cualquier modificación legal en materia de seguros, o en cualquier otra industria, nazca y se construya con bases sólidas, criterios técnicos, consultas abiertas y respeto a los principios de mercado, garantizando así un equilibrio entre la protección al consumidor y la sostenibilidad de la industria.

Por su parte, Luis Enrique Bandera, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, consideró que la propuesta aprobada en la Asamblea tiene un carácter “populista” y “político”, porque no se basa en la realidad del mercado.

Criticó que el estudio realizado por la Universidad de Panamá no tiene validez técnica, porque se basó en la Ley 59 de 1986, que fue derogada hace 13 años.

“Si esa es la base del sustento, entonces no vale la pena seguir hablando de eso, porque se sustentó en errores y deficiencias. Además, no es el camino para realizarlo”, explicó Bandera.

Añadió: “Apoyamos totalmente la propuesta de veto de Apadea porque, de hecho, algunos diputados como Ernesto Cedeño y Walkiria Chandler señalaron que la iniciativa tenía vicios de inconstitucionalidad, tomando en cuenta que la Asamblea no puede fijar precios ni modificar la estructura de la Superintendencia”.